En apenas dos años, el Guaviare ha experimentado cuatro bombardeos del gobierno colombiano, lo que refleja la crudeza de una guerra interna que desangra la región. De los 15ataques aéreos que se han realizado durante la administración Petro desde que se reactivaron en 2024, una cuarta parte ha caído sobre este departamento que está siendo disputado ferozmente por dos facciones disidentes: la comandada por "Iván Mordisco" y la de "Calarcá".

El más reciente bombardeo ocurrió el 28 de febrero en El Retorno, dirigido contra campamentos del frente Martín Villa, una unidad vinculada a la estructura de Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco". Después de que la Fuerza Aeroespacial atacara la zona rural de Puerto Valencia, fueron desplegados comandos especiales que rodearon a los combatientes. La operación dejó tres uniformados heridos por una trampa explosiva, cuatro disidentes capturados, dos que se entregaron voluntariamente y dos menores de edad que fueron puestos a disposición del ICBF. El Ejército reportó el decomiso de un arsenal considerable: "30 armas largas, entre ellas 5 ametralladoras calibre 7.62, 10 armas cortas, un lanzagranadas M-203, cinco ramplas, 100 proveedores para fusil, 30.200 cartuchos de diferentes calibres, 40 granadas de mortero, 13 granadas para dron, 300 detonadores eléctricos y demás material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones que, presuntamente, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del país". Pese a esto, alias "Pescado", un presunto cabecilla del frente, logró escapar.

Aunque las autoridades ven esta operación como un golpe estratégico importante, el bombardeo más traumático en la memoria reciente fue el del 10 de noviembre, que dejó 20 muertos incluyendo siete menores de edad que habían sido reclutados por los grupos criminales. Ese ataque generó una tormenta política que cuestionó las tácticas del gobierno.

El conflicto en Guaviare va mucho más allá de una simple pelea entre criminales. Municipios como El Retorno, Calamar y San José del Guaviare están siendo arrasados por una disputa que, según documentaciones de medios locales como EL COLOMBIANO, ha dejado alrededor de 80 muertos. La Defensoría del Pueblo ha denunciado reiteradamente desplazamientos forzados y confinamientos de poblaciones civiles. Lo que en realidad está en juego es el control de corredores estratégicos que conectan operaciones ilegales entre el Pacífico Sur, el Amazonas y los Llanos Orientales, permitiendo el flujo del tráfico de cocaína y la minería ilegal.

La tensión entre civiles y militares ha llegado a extremos preocupantes. El 24 de agosto de 2024, más de 600 personas se amotinaron en El Retorno exigiendo la liberación de 34 uniformados que fueron retenidos durante tres días, para que entregaran los cadáveres de combatientes del frente Martín Villa. El 27 de abril de 2025, los terroristas emboscaron un pelotón del Ejército en Guanapalo, matando a siete militares e hiriendo a seis más. Estos ataques muestran cómo los criminales están usando a la población civil como escudo y factor de presión contra la fuerza pública, generando un ciclo de violencia que parece no tener fin a la vista.