La interferencia de grupos criminales en el proceso electoral colombiano ya no es sospecha: es una realidad documentada y creciente. La defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló este viernes en Bogotá durante la instalación de la Misión de Observación Internacional de las Elecciones que su entidad ha identificado 40 eventos en los que grupos armados ilegales han presionado directamente a votantes. La situación es particularmente grave en tres regiones del país.

Según Marín, "se registraron 40 eventos de presión por parte de grupos armados ilegales, que ocurrieron principalmente, según nuestro monitoreo, en estos últimos días, en Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, y se suman a dinámicas preexistentes en otros departamentos del país". La defensora explicó que estos grupos no se andan con sutilezas: "los grupos armados ilegales, infortunadamente, han impuesto orientaciones de voto, prohíben el apoyo a determinadas candidaturas u orientan el apoyo hacia otras, convocan reuniones comunitarias obligatorias para instruir sobre el sentido del sufragio y amenazan a la población con represalias individuales o colectivas ante resultados adversos".

Los mecanismos de control que utilizan son sofisticados y abarcan múltiples aspectos de la vida cotidiana. Marín detalló que "para asegurar la obediencia electoral, los actores armados aplican mecanismos de control social y territorial; entre estas prácticas destacamos la carnetización de la población, la exigencia de certificado electoral para transitar en el territorio y la verificación cruzada entre censos comunitarios y resultados de la votación". Esto significa que no solo controlan el voto, sino que después verifican que la población haya obedecido.

Un caso específico documentado por El Colombiano pone nombres y apellidos a esta amenaza. El frente 36 de las Farc, parte de la disidencia comandada por Alexánder Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", distribuyó un mensaje por WhatsApp a líderes comunitarios de Angostura y Campamento, en el norte de Antioquia. En ese mensaje ordenaban: "A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar, quién no lo tenga, debe soportar el porqué y quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona". Además, prohibieron "hacer proselitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera".

Las denuncias van más allá de Antioquia. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, reportó que el mismo grupo de "Calarcá" está forzando a campesinos a fotografiar su tarjetón marcado y está exigiendo a iglesias cristianas listas completas de sus feligreses bajo amenaza de represalias contra quienes no apoyen a su candidato preferido.

La gravedad de esta situación llevó al gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, a enviar delegados de la Fuerza Pública a los municipios afectados para intentar tranquilizar a las comunidades. Pero el problema va más allá de la intimidación armada. La defensora también señaló la violencia verbal que despliegan las campañas de algunos candidatos, incluyendo la de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Después de la primera vuelta del 31 de mayo, su entidad registró "431 nuevos casos de violencia contra candidaturas presidenciales y vicepresidenciales. Los hechos registrados muestran una mayor concentración en la estigmatización (55%), la difamación (17,6%), el lenguaje ofensivo (12,3%) y violencias por discriminación y racismo (9%)".