La Contraloría General de la República encendió las alarmas esta semana al presentar un diagnóstico inquietante sobre la expansión de los grupos armados ilegales en el país. De acuerdo con el estudio realizado por la delegada para el Sector Defensa y Seguridad, estos grupos ya tienen presencia activa en 518 municipios colombianos. Hace apenas seis años, en 2019, su alcance era mucho más limitado: apenas llegaban a 195 municipios. El crecimiento es dramático: superior al 165%, lo que demuestra la capacidad que tienen estas organizaciones para adaptarse y ocupar nuevos territorios.

Pero el informe no se detiene ahí. También revela que durante el último año estos grupos aumentaron su número de integrantes en aproximadamente 5.000 personas, alcanzando una cifra cercana a los 27.000 miembros repartidos en todo el territorio nacional. Más preocupante aún es el escalamiento de la violencia: los enfrentamientos entre estas organizaciones y la Fuerza Pública crecieron un 111%, llegando a 228 combates durante 2025, la cifra más alta registrada en los últimos diez años.

Lo que más inquieta a la Contraloría es que estos grupos ya no operan con métodos convencionales. Según el organismo de control, las estructuras armadas han incorporado nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de inteligencia sofisticados que les permiten fortalecer su operación y control sobre determinados territorios. Esto ha generado nuevos retos para las autoridades que deben combatirlas, porque el enemigo ya no es solo tradicional.

Por eso la Contraloría hace un llamado urgente: Colombia necesita fortalecer la inversión en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar estos nuevos desafíos en seguridad y defensa. El organismo señala una brecha preocupante: el país apenas destina el 0,2% de su Producto Interno Bruto a actividades de ciencia, tecnología e innovación. Ese porcentaje es alarmantemente bajo comparado con los países desarrollados. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de inversión alcanza el 2,5%, más de diez veces superior al de Colombia.

La entidad insiste en la necesidad de fortalecer capacidades de vigilancia, inteligencia, análisis de datos y ciberseguridad para que el Estado pueda anticipar riesgos y responder de manera más efectiva a las amenazas que van evolucionando constantemente. Aunque se han destinado algunos recursos para adquirir sistemas antidrones y otras tecnologías para el sector Defensa, la Contraloría considera que los avances aún son insuficientes.

Por todo lo anterior, la Contraloría hizo un llamado explícito a impulsar una política de largo plazo que fortalezca la soberanía tecnológica y las capacidades estratégicas del Estado. El mensaje es claro: sin inversión en tecnología e innovación, el Estado seguirá quedando rezagado frente a la evolución de las amenazas.