El panorama del conflicto armado en Colombia se oscurece con cada cifra que publica la Fundación CORE. Según un informe conocido esta semana, entre el gobierno de Duque y lo que va del de Petro, los grupos armados organizados duplicaron prácticamente su pie de fuerza. Pasaron de 12.883 combatientes en 2018 a 27.121 a finales de 2025. Es decir, un crecimiento de 110% que golpea cualquier optimismo sobre la seguridad del país.

Lo paradójico del asunto es que mientras estos grupos son más numerosos y financieramente poderosos que nunca, internamente se desmorona su cohesión. El documento de CORE plantea que "en lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión. En lo ideológico, no se evidencian grandes cambios con la mayoría de los grupos cuyo aspecto ideológico está bastante débil hoy en día". Es decir, tienen más gente y más plata, pero menos claridad sobre qué defienden.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, es el retrato de esta paradoja hecha realidad. En apenas siete años triplicó su territorio de control: pasó de 179 municipios a 292. Sus combatientes crecieron de 3.632 a 9.840. Lo más preocupante es que logró hacerlo sin fragmentarse, algo que ningún otro grupo ha conseguido. Mientras el Estado Mayor Central se dividió entre Mordisco y Calarcá, y la Segunda Marquetalia se rajó dando origen a otra estructura, el Clan del Golfo mantiene una estructura de federación que, según el informe, le ha permitido absorber tensiones y pérdida de líderes sin quebrarse. Solo por controlar el tráfico de migrantes en el Tapón del Darién habría recaudado unos 65 millones de dólares en 2023.

Estos grupos ya no son solo máquinas de muerte. Se han convertido en gobiernos paralelos en muchos territorios. El informe documenta cómo imponen normas de conducta, resuelven conflictos entre vecinos, construyen infraestructura como carreteras y puentes, y ofrecen una suerte de "protección" frente a otras guerrillas. En lugares como Nariño, Cauca y Guaviare han implantado lo que se conoce como "cedulación": los habitantes necesitan carnés emitidos por estos grupos criminales solo para moverse dentro de sus propios territorios. Es gobernanza criminal pura y dura.

Las fracturas internas que menciona CORE se hicieron especialmente visibles bajo el gobierno de Petro. El Estado Mayor Central se dividió, la Segunda Marquetalia se fracturó en noviembre de 2024 dando nacimiento a la Coordinadora Nacional bajo mando de Walter Mendoza, y el ELN perdió por primera vez en décadas una unidad completa en Nariño. Pero aquí está el problema real: la política de "paz total" que buscaba desescalar el conflicto ha tenido resultados ambivalentes. Mientras algunos grupos negociaban, otros aprovecharon los ceses al fuego para expandirse sin confrontación. El Bloque Jorge Suárez Briceño, por ejemplo, entró y se consolidó en 17 municipios del Huila donde antes no tenía presencia.

El panorama que hereda el próximo gobierno no es alentador. Con cultivos de coca en niveles récord y una capacidad potencial de producir 3.001 toneladas de cocaína, estos grupos llegan al 2026 más fuertes que nunca. El informe de CORE es directo en su conclusión: "el próximo gobierno recibirá un país donde los grupos armados son más ricos, más numerosos y ejercen un control social más profundo que hace ocho años". No es solo un problema de seguridad. Es un problema de quién gobierna realmente en amplias zonas del territorio nacional.