Cuatro meses después de realizado el Encuentro de Honda 2026, salieron a la luz conclusiones preocupantes sobre el estado de la democracia en Colombia. Un grupo diverso de más de 60 personas, entre gobernadores, alcaldes, magistrados, empresarios, líderes indígenas y afrodescendientes, junto con académicos y delegados de la comunidad internacional, se reunió entre el 23 y el 25 de enero en un evento convocado por la Fundación Acordemos y El Espectador. Los hallazgos que presentaron pintan un panorama de captura electoral sin precedentes.

El dato más alarmante es que en 168 municipios del país, los grupos armados ilegales están definiendo quiénes llegan al Congreso de la República. Aunque no interfieren en las elecciones de alcaldes, su control sobre la elección de congresistas es total. El documento de conclusiones lo expresó así: "la verdadera guerra política es la guerra por el poder territorial que cada cuatro años se libra por tener el poder político". Aún más grave: "hoy es más rentable tener participación en las elecciones locales y legislativas que traficar droga".

Pero la interferencia no termina en las urnas. El encuentro documentó de manera sistemática cómo los criminales extraen recursos públicos. En municipios con presencia armada, entre el 7 y el 10 por ciento del valor de los contratos de obras públicas van directamente a las organizaciones criminales como una "contribución" obligatoria para poder trabajar. "No hay mecanismos de control que lo detecte sistemáticamente, significa que el Estado está financiando con su propio presupuesto a los actores que luego le impiden gobernar", alertó el documento.

El panorama institucional no es menos preocupante. Los participantes diagnosticaron que "el crimen está organizado y el Estado está desorganizado. Tenemos normas completamente desactualizadas para enfrentar a la criminalidad de hoy". Las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública se han reducido significativamente, permitiendo que los grupos criminales se adapten con facilidad a las acciones estatales. Además, en los territorios controlados, la vida cotidiana se ha normalizado bajo reglas ilegales: "La gente en los territorios no habla de política ni de democracia, estamos perdiendo varias regiones del país [...] Los secuestros ya no son secuestros, son simplemente citaciones para rendir cuentas".

En cuanto a los cultivos ilícitos, el país tiene cerca de 300.000 hectáreas de coca, el doble de productivas que hace 15 años. Los expertos atribuyeron esta expansión al incumplimiento estatal, deterioro de la seguridad y el "cheque en blanco" que las negociaciones recientes han dado a los grupos armados para ejercer control territorial.

El encuentro también identificó problemas estructurales en la forma como se distribuyen los recursos. En un municipio del Catatumbo, el Estado invierte 15.000 millones de pesos al año en inversión directa, pero gasta 60.000 millones en programas asistenciales. Esto crea una proporción de 1 a 4 a favor del subsidio pasivo. Paradójicamente, el Catatumbo produce 280.000 toneladas de alimentos que abastecen la costa atlántica, pero esa capacidad productiva nunca aparece en los planes de desarrollo. Los expertos cuestionaron además cómo el Sisbén incentiva a las comunidades a "visionar la pobreza", llevando a que "la gente esconda el televisor cuando llega la encuesta" para seguir accediendo a beneficios.

Los participantes plantearon que Colombia necesita repensar su estructura territorial. Con 1.102 municipios, muchos de los cuales carecen de escala para prestar servicios eficientemente, sugirieron pasar de la noción de "descentralización" a la de "convergencia regional". El problema es que la división político-administrativa actual, diseñada en el siglo XIX, no refleja las realidades funcionales del país: un municipio del sur de Bolívar no tiene relación con Cartagena, y un paciente de La Esperanza en Norte de Santander debe atravesar vías controladas por grupos armados para acceder a servicios de salud en Cúcuta.