La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) salió al paso del Decreto 0182 de 2026 con un mensaje contundente: esta norma que cambia las reglas de operación de las EPS no soluciona nada, sino que agrava la crisis sanitaria que ya vive el país. Según su análisis, la medida obligaría el traslado de 6,5 millones de afiliados en el sistema, una cifra que refleja el tamaño del problema que ven venir.

Lo que más preocupa a los gremios es que 2,6 millones de personas serían trasladadas de forma inmediata hacia Nueva EPS. Aliadas considera esto particularmente riesgoso porque esos ciudadanos terminarían confiando su salud a una entidad que está intervenida por el Gobierno desde abril de 2024 y que no publica sus estados financieros desde 2023. "En medio de un sistema ya presionado, el Gobierno toma medidas que agudizan la situación al trasladar a 2,6 millones de personas de forma inmediata hacia la Nueva EPS. Esto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes y usuarios, al integrarlos a una entidad con serios desafíos financieros y de calidad", aseguró Aliadas en su comunicado.

Los números que manejan los gremios son alarmantes. Con este decreto, Nueva EPS terminaría concentrando 14 millones de afiliados, lo que representa el 30% de la población asegurada en el país, dentro de una estructura que ya registra una tasa muy alta de insatisfacción: cerca de 626 quejas por cada 10.000 usuarios. Para Aliadas, esto significa que muchas familias perderían su facultad de elegir a qué EPS afiliarse, algo que consideran fundamental en un sistema que debería garantizar alternativas a los ciudadanos.

Más allá de los pacientes, los gremios advierten sobre otros efectos en cadena. Sostienen que concentrar millones de afiliados en una sola entidad "incrementa la presión financiera sobre IPS y hospitales que hoy presentan retrasos en sus pagos". También critican que el modelo centralizado que impulsa el Gobierno Petro afecta "el tejido empresarial y pone en riesgo miles de empleos formales en el sector salud".

Desde Aliadas enfatizan que "esta medida impacta la libre competencia y la innovación privada", que según ellos son "motores fundamentales" de la calidad en el servicio de salud. El mensaje de fondo es que en lugar de estabilidad y claridad, lo que llega con este decreto es más incertidumbre en un sector que ya está en crisis.

Los gremios concluyeron su advertencia con una reflexión sobre lo que consideran esencial: "La salud requiere de estabilidad, no de medidas que generen incertidumbre mientras el sistema atraviesa una crisis. Desde Aliadas, señalamos que este modelo centralizado dificulta las garantías mínimas del paciente, afecta la calidad y compromete el derecho fundamental a la vida. No se construye bienestar sin claridad administrativa y seguridad jurídica".

Por eso, hicieron un llamado directo a los organismos de control para que vigilen el avance de esta medida. Aliadas considera que "es imperativo que se aplique un control técnico y se agoten las vías judiciales" para proteger tanto la estabilidad del sistema como el derecho fundamental a la vida que todos los colombianos merecen.