Las principales agremiaciones empresariales del Atlántico levantaron la voz para pedir que la intervención administrativa de Comfamiliar Atlántico se haga bajo reglas claras y con supervisión constante. A través de un comunicado conjunto, los gremios solicitaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar que cada decisión que se tome durante este proceso esté respaldada en la normativa vigente y sea completamente transparente.

Pero los empresarios van más allá. También pidieron a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación que ejerzan vigilancia cercana sobre cómo se manejan los recursos, qué medidas administrativas se toman y cómo se gestiona la caja de compensación. En otras palabras, quieren que haya contrapesos institucionales que eviten decisiones arbitrarias.

Lo que mueve a estos gremios es la importancia que tiene Comfamiliar para miles de familias atlanticenses. Según su análisis, la caja de compensación cumple una función social que no puede verse afectada. Por eso insisten en que la intervención debe proteger la capacidad financiera y operativa de la entidad, de manera que continúe prestando sus servicios de manera normal y oportuna.

En el escrito, los firmantes también dejaron clara su preocupación de que el proceso administrativo no termine afectando los beneficios que reciben los usuarios del sistema de subsidio familiar. Además, aclararon que permanecerán observando cada paso de la intervención para verificar que se respeten las garantías constitucionales y los principios que rigen la administración pública.

El pronunciamiento fue suscrito por Acopi Atlántico, AmCham Colombia, Analdex, ANDI Seccional Atlántico-Magdalena, Asoportuaria, Camacol Atlántico, el Consejo Empresarial de Organizaciones del Atlántico y Magdalena y Fasecolda. También lo firmaron Fenalco Atlántico, Fenavi Costa, Fitac, la Lonja de Barranquilla y ProBarranquilla, que coincidieron en la necesidad de proteger a la entidad durante este proceso.