Tras la suspensión provisional del aumento salarial por parte del Consejo de Estado, el Gobierno convocó a la mesa de concertación para acordar el nuevo valor del salario mínimo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió del encuentro asegurando que la mayoría de gremios empresariales había respaldado mantener el aumento en 23,7%. Pero aquí está el problema: los empresarios dicen que fue todo lo contrario. Mientras el Ejecutivo prepara un decreto transitorio que mantendrá el salario mínimo básico en 1.750.905 pesos mensuales (o 2 millones con auxilio de transporte), la pregunta que muchos se hacen es si las empresas realmente lo pagarán.

No todos los gremios piensan igual. La Andi, que agrupa cerca de 1.400 empresas grandes, decidió respaldar el aumento. Su presidente, Bruce Mac Master, explicó la postura así: "Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso". Desde la Andi entienden que el incremento es un hecho consumado y lo que toca es minimizar el daño. También Asobancaria, que representa al sector financiero, tomó una línea similar. Pero esta no es la posición mayoritaria en la mesa de negociación.

Tres de los cinco grandes gremios empresariales rechazaron el acuerdo. Acopi (que agremia a 250.000 micro y pequeñas empresas), Fenalco (comercio) y la Sociedad de Agricultores no están de acuerdo. Para ellos, el Gobierno tomó una decisión unilateral sin consenso real. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, fue directa: "El Gobierno lo que propone como los sindicatos es el 23,7% en ese nuevo decreto, pero realmente no se llegó a un acuerdo". Jorge Bedoya, de la Sociedad de Agricultores, añadió que el único acuerdo fue enviar el acta al Consejo de Estado. Lo que le preocupa es que el aumento presiona sobre la inflación y las tasas de interés, que el Banco de la República subió nuevamente al 10,25%.

Fenalco pintó un panorama más oscuro. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, advirtió que mantener este incremento es como "pasar por encima de más de un millón de micro y pequeñas empresas: panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos". El argumento es que un aumento del 23,7% sin considerar la productividad de cada sector podría provocar la pérdida de más de 700.000 empleos formales. Para Cabal, esta medida ejerce presión sobre el 93% del tejido empresarial colombiano.

La realidad en el terreno es que ya hay movimientos. Ospina reportó que varias compañías han comenzado a cancelar contratos y reducir personal. "Tenemos empresas que han sacado ya 50 empleados, otras 10, otras 5 y así sucesivamente". Si el Consejo de Estado finalmente tumba el incremento del 23,7%, las empresas deberán mantener los contratos ya firmados sin cambios en los salarios, pero podrían ajustar nuevas contrataciones a un valor menor.

Hay excepciones notables. El Grupo Empresarial Madecentro decidió mantener el aumento de manera voluntaria. Su gerente, Dimas Tobón, reconoció en Blu Radio que los costos operativos subieron, pero la empresa hizo los ajustes financieros necesarios anticipadamente. Aunque una reducción sería beneficiosa para la compañía, optaron por respaldar a sus 2.666 trabajadores en Madecentro y 595 en RTA Design. Tobón afirmó que no han hecho recortes y que incluso avanzan en expansión, todo basado en medidas de eficiencia y ajustes en otras áreas con impacto limitado en precios.

La pregunta de fondo sigue sin respuesta clara: los 2 millones están ahí en el decreto, pero si la justicia decide quitarlos, las reglas del juego cambiarían para nuevos trabajadores, aunque los actuales conservarían sus salarios.