Dos organizaciones empresariales y de vigilancia ciudadana enviaron este miércoles una carta formal a los observadores electorales de la OEA para alertar sobre lo que consideran una conducta reiterada del presidente Gustavo Petro de mezclar asuntos de campaña con funciones del Estado. La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho aseguran que estas acciones ponen en riesgo la neutralidad institucional y la confianza que los colombianos tienen en el proceso electoral.

En su denuncia, las organizaciones sostienen que Petro ha incurrido en "pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional". Adicionalmente, acusan al mandatario de usar recursos, canales y plataformas estatales para difundir mensajes con contenido político-electoral.

Lo interesante es que la preocupación no es exclusiva de estos gremios colombianos. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también documentó situaciones similares: promoción de logros gubernamentales por entidades estatales durante el período electoral, uso de plataformas oficiales de ministerios y narrativas que afectaron la confianza pública. Sin embargo, estos mismos observadores internacionales reconocieron que el sistema electoral colombiano mantiene sus estándares de transparencia, trazabilidad y confiabilidad, descartando cuestionamientos sobre la integridad general del proceso.

Las organizaciones hicieron un llamado específico a la OEA: que emita un pronunciamiento sobre la conducta presidencial antes del 21 de junio, que refuerce su presencia durante la segunda vuelta y que documente sistemáticamente el uso de canales institucionales para difundir contenidos electorales. También pidieron que se garantice el acceso oportuno de los observadores a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, sociedad civil y auditores tecnológicos.

En el corazón de la denuncia está una premisa fundamental que las entidades defienden: "La presente denuncia busca preservar el principio básico de toda democracia constitucional: el poder público no puede utilizar su investidura para alterar la igualdad de la competencia electoral ni para sustituir la voluntad libre de los ciudadanos".