La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e salió al paso del anuncio presidencial y rechazó de frente la liquidación de la empresa distribuidora de energía en la región Caribe. En un comunicado, la organización integrada por cámaras de comercio, comités intergremiales de Atlántico y Magdalena, además de la ANDI Atlántico-Magdalena, fue contundente: la medida "carece de sustento jurídico" y genera una incertidumbre preocupante sobre si la gente seguirá teniendo luz en sus casas y negocios.

Lo más grave, según la veeduría, es que el Gobierno estaría pensando en liquidar Air-e sin tener ni siquiera un plan B. No hay un operador listo para reemplazarlo, no hay claridad sobre cómo se pagarían las deudas y tampoco hay garantías para los más de 1,3 millones de usuarios que dependen de esta empresa. Es como querer demoler una casa sin saber dónde vivirán quienes viven en ella.

Los gremios le echan la culpa del caos financiero de Air-e al tiempo que estuvo bajo intervención estatal. Ahora sostienen que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía tiene que seguir los procedimientos que marca la ley y contar con revisión de las autoridades competentes. No se pueden tomar decisiones así de la nada, dicen.

La deuda es monumental: Air-e le debe más de 2,5 billones de pesos a generadores, empresas de transmisión y otros proveedores clave del sistema eléctrico. Si la operación se transfiere a otra compañía sin resolver primero esas obligaciones, el sector eléctrico se hundiría aún más en crisis. Ya el país enfrenta retos serios en seguridad energética y está aumentando la demanda de energía.

La veeduría también advirtió sobre un efecto dominó que nadie quiere: el anuncio podría espantar a inversionistas y entidades financieras que desconfiarían del mercado eléctrico nacional en este momento tan delicado.

Por todo esto, la organización hizo un llamado directo al Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y los organismos de control para que actúen con transparencia y rigor técnico antes de tomar decisiones que puedan comprometer la estabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.