Las voces críticas no se detienen en el sector salud. La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) salió a cuestionar el Decreto 0182 de 2026, una norma que, según los gremios, en lugar de mejorar el sistema genera más problemas. La preocupación es seria: esta medida obligará a desplazar 6,5 millones de afiliados de sus EPS actuales, una decisión que los gremios ven como un paso atrás en lugar de un avance.

Lo más delicado, advierten desde Aliadas, es que 2,6 millones de personas serán trasladadas de forma inmediata a Nueva EPS, una entidad que enfrenta serios cuestionamientos. Según los gremios, "en medio de un sistema ya presionado, el Gobierno toma medidas que agudizan la situación al trasladar a 2,6 millones de personas de forma inmediata hacia la Nueva EPS. Esto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes y usuarios, al integrarlos a una entidad con serios desafíos financieros y de calidad". Lo preocupante es que estos pacientes serán integrados a una EPS intervenida por el Gobierno desde abril de 2024 y que no ha publicado sus estados financieros desde 2023, lo que genera dudas sobre su solidez.

Con este decreto, el Gobierno concentraría a 14 millones de afiliados, es decir el 30% de los colombianos, en una sola estructura que ya muestra señales de alarma. Según Aliadas, Nueva EPS registra una tasa alta de insatisfacción con cerca de 626 quejas por cada 10.000 usuarios. Esto significa que millones de familias verían limitada su posibilidad de elegir su EPS, algo que los gremios consideran grave porque sustituye "su voluntad por una disposición que altera la continuidad de procesos médicos críticos".

Desde la perspectiva de los gremios, esta concentración también golpea el bolsillo de otros actores del sistema. Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y los hospitales, que ya enfrentan retrasos en pagos, cargarían con más presión financiera al recibir a millones de nuevos usuarios trasladados de golpe.

Aliadas también levanta la bandera sobre el modelo que impulsa el Gobierno. Argumentan que el decreto "impacta la libre competencia y la innovación privada, motores fundamentales de la calidad en el servicio que hoy reciben los colombianos". Además, advierten que la estatización que propone el Ejecutivo afecta "el tejido empresarial y pone en riesgo miles de empleos formales en el sector salud".

En su mensaje final, los gremios fueron contundentes: "La salud requiere de estabilidad, no de medidas que generen incertidumbre mientras el sistema atraviesa una crisis. Desde Aliadas, señalamos que este modelo centralizado dificulta las garantías mínimas del paciente, afecta la calidad y compromete el derecho fundamental a la vida. No se construye bienestar sin claridad administrativa y seguridad jurídica". Por eso, hacen un llamado urgente a los organismos de control para que vigilen este decreto, pidiendo que "es imperativo que se aplique un control técnico y se agoten las vías judiciales" para proteger el sistema y el derecho a la vida.