La tarde del martes quedará registrada como el momento en que los gremios económicos más influyentes del país se levantaron de sus sillas para responder a los cuestionamientos del presidente Petro sobre los resultados electorales. Tres organizaciones empresariales salieron al paso de las acusaciones de fraude que el mandatario ha venido sembrando sin presentar pruebas que los organismos electorales hayan verificado.

Bruce Mac Master, cabeza de la ANDI, no se anduvo con rodeos. Según el dirigente gremial: "Llevamos meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros". Luego vino el golpe más fuerte cuando aseguró: "Sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca".

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, amplificó el mensaje a través de redes sociales. Calificó las declaraciones presidenciales como "un hecho político y jurídico de la mayor gravedad" y enfatizó que resulta aún peor que Petro desconozca al presidente electo para reconocer una supuesta victoria de su candidato Iván Cepeda. Gutiérrez fue clara en su diagnóstico: "Sembrar dudas sobre la legitimidad del voto popular debilita la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana", y advirtió que estas narrativas "exponen al país a un escalamiento de las confrontaciones y la violencia que afectan gravemente nuestra convivencia democrática". Incluso rechazó los llamados a la "desobediencia civil" que ha mencionado el mandatario.

Asobancaria se sumó al coro de rechazos, respaldando que la elección fue verificada y certificada por los organismos electorales tras agotar el escrutinio previsto en la ley, con acompañamiento de veedurías internacionales. El gremio financiero pidió que las inconformidades se tramiten ante las autoridades competentes, no mediante pronunciamientos que socaven las instituciones.

Las grietas entre el Gobierno y los gremios se profundizaron cuando Abelardo de la Espriella, el presidente electo, anunció la suspensión inmediata del proceso de empalme. A través de sus redes indicó: "Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia". El comité nacional de empalme del Gobierno confirmó que se retiraría de las sesiones conjuntas hasta que existieran garantías de respeto recíproco.

Gutiérrez hizo un llamado sin precedentes a la sociedad civil, las empresas, los líderes de opinión, las Altas Cortes, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares, la Policía y los medios, para que protejan "la Constitución, las instituciones y la voluntad soberana expresada en las urnas". El país se debate ahora entre dos visiones irreconciliables a pocos días de la posesión presidencial programada para el 7 de agosto.