Grabaciones revelan promesas del Gobierno a Clan del Golfo: despidos, fin de bombardeos y suspensión de extradiciones

Noticias Caracol divulgó conversaciones grabadas entre el excomisionado de paz Danilo Rueda y voceros del Clan del Golfo en 2022, donde se habrían ofrecido medidas como el cese de operaciones militares, la salida de oficiales de inteligencia que investigaban al cartel y la suspensión de pedidos de extradición. Durante el gobierno Petro, el Clan creció de 4.500 a 10.000 integrantes y expandió su presencia de 165 a 338 municipios. Además, salió a la luz una reunión polémica de 2025 entre directivos de la DNI con un exnarcotraficante para facilitar contacto con el máximo cabecilla del cartel.
Una grabación de audio sacada a la luz por Noticias Caracol pone en entredicho los alcances de las negociaciones de "paz total" con el Clan del Golfo. En la conversación, registrada el 2 de septiembre de 2022 apenas un mes después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, aparece el entonces alto comisionado de paz Danilo Rueda hablando con Luis Armando Pérez Castañeda, vocero político del cartel narcotraficante.
Según la grabación, Rueda propuso lo que llamó "jugar a los congelados": un acuerdo donde tanto el Clan como la Fuerza Pública se mantendrían inmóviles en sus operaciones. "Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío", expresó el comisionado. A cambio de esta tregua, Rueda le ofreció al grupo criminal un paquete de medidas concretas. Primero, le prometió el cese de bombardeos. Segundo, anunció una "limpieza en la inteligencia policial", refiriéndose a la depuración de funcionarios que investigaban al cartel. Tercero, se comprometió a gestionar el levantamiento de órdenes de captura y la suspensión de pedidos de extradición para los cabecillas.
Para ganarse credibilidad, Rueda le recordó que el Gobierno ya había realizado una depuración de altos oficiales de la Fuerza Pública: la evaluación de 35 generales ordenada por Petro apenas cinco días después de llegar al poder. Entre esos despidos figuraban tres coroneles de la Policía que habían coordinado operaciones contra el Clan y otros grupos involucrados en negociaciones de paz. Se presume que se trataba de John Arbey Alzate Duque, Juan Miguel Thiriat Tovar y Zaid Eduardo Pabón Ortega.
Lo que sucedió después respalda lo grabado en esa conversación. Aunque nunca se formalizó una mesa de negociaciones con el Clan del Golfo, es cierto que durante la gestión de Rueda como comisionado (hasta noviembre de 2023) no hubo bombardeos y las operaciones contra el cartel se redujeron significativamente, tal como lo confirmaron a medios fiscales y oficiales que investigaban al grupo. Esto le permitió al Clan crecer sin presión: sus filas pasaron de 4.500 a cerca de 10.000 combatientes, su territorio se expandió de 165 a 338 municipios, y su presencia se multiplicó por 23 departamentos con una estructura de cuatro bloques y 25 frentes armados. Solo en Antioquia su crecimiento fue del 60 por ciento.
Tanto Rueda como el exministro de Defensa Iván Velásquez negaron responsabilidad una vez que los audios salieron a la luz. Rueda aseguró en entrevista radial que "nunca hubo ninguna decisión del presidente de la República que significara que no seguían las operaciones militares contra el grupo" y que él no había recibido nombres de policías para despedir. Velásquez, ahora embajador en el Vaticano, afirmó que la evaluación de oficiales fue un "procedimiento riguroso" en el cual Rueda no participó ni fue consultado.
La polémica se profundizó con la revelación de otra reunión: el 19 de agosto de 2025, según grabaciones de Noticias Caracol, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus se reunió con Eduard Ferney Rincón, conocido como "Boyaco Sinaloa", un confeso exnarcotraficante que trabajó en México y negoció con agencias estadounidenses. En esa reunión, Lemus le pidió a Rincón que intercediera ante sus "amigos del Congreso" para avanzar un proyecto de ley sobre sometimiento de bandas criminales, y que buscara un contacto directo con Jobanis Ávila, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Lemus incluso preguntó sobre la posibilidad de interceptar líneas telefónicas del cartel.
A pocos meses del fin del gobierno Petro, la instalación de zonas de ubicación temporal para 400 integrantes del Clan estaba programada para junio, pero enfrenta obstáculos legales y políticos. La Fiscalía rechazó dos veces suspender órdenes de captura contra 29 miembros del cartel, y no existe un marco legal que permita la desmovilización de grupos criminales sin carácter político. Además, el próximo presidente Abelardo de la Espriella prometió en campaña acabar con la política de "paz total".
Fuente original: El Colombiano - Colombia

