En la frontera colombo-venezolana crece la frustración. Mientras Venezuela lidia con las consecuencias devastadoras de los terremotos que han dejado cientos de muertos y miles de heridos, las puertas para recibir ayuda se cierran. Desde Cúcuta y municipios cercanos, empresarios, comerciantes, organizaciones sociales y ciudadanos han recolectado toneladas de alimentos, medicamentos e insumos para socorrer al vecino país. Pero esas donaciones están quedando atrapadas en la frontera por las restricciones que impone el gobierno venezolano.

Las denuncias que llegan desde el departamento de Norte de Santander hablan de dificultades significativas para trasladar la ayuda hacia las zonas más afectadas. Según lo reportado, las limitaciones del régimen encabezado por Delcy Rodríguez han impedido que varios envíos lleguen con la rapidez que demanda la emergencia. Ante estos obstáculos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales han tenido que buscar alternativas, canalizando las donaciones por redes humanitarias hacia Caracas y el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos.

El problema no solo es logístico. El gobierno venezolano también ha prohibido el ingreso de equipos de rescate especializados a La Guaira sin autorizaciones previas y registros oficiales. Según las organizaciones de apoyo que trabajan desde Colombia, estos requisitos burocráticos han retrasado la llegada del personal que se necesita urgentemente en las zonas donde aún hay personas desaparecidas. Los voluntarios advierten que estas exigencias pueden comprometer las labores de búsqueda y rescate en momentos críticos.

A las trabas administrativas se suman otras denuncias más graves. Desde redes sociales y testimonios de residentes circulan acusaciones sobre presuntos saqueos y robos de pertenencias cometidos por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana en sectores afectados. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades venezolanas, generan más preocupación en el panorama humanitario.

Las organizaciones que trabajan en la frontera insisten en que es urgente flexibilizar estos controles. Sostienen que facilitar el ingreso de la ayuda internacional y de los equipos de rescate es fundamental para acelerar la atención a las víctimas y contener una crisis que continúa cobrando vidas.