El Gobierno Nacional tomó una decisión que puede afectar a millones de colombianos: investigó 37 organismos de tránsito en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla por presuntos incumplimientos en la operación de los sistemas automáticos de fotomultas. Lo grave es que encontró que varios de estos organismos no cumplieron con requisitos técnicos básicos exigidos por ley.

La Superintendencia de Transporte descubrió irregularidades importantes. Doce organismos empezaron a operar sus cámaras de fotomultas sin contar con el concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, que es obligatorio. Otros siete operaron con conceptos expedidos a terceros, y dieciocho obtuvieron los permisos técnicos después de haber iniciado ya las operaciones. Esto significa que durante un tiempo, estaban multando a la gente sin tener la autorización legal correspondiente.

Las cifras hablan por sí solas. Los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos a través de estos sistemas. De esos, 1,5 millones fueron pagados por ciudadanos colombianos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Cali encabeza la lista con 2,7 millones de comparendos, seguida por Medellín con más de 717 mil.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue clara en su posición: "Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias". Según la ley, los organismos estarían obligados a devolver el dinero recaudado y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo cobrado, lo que superaría los 2,1 billones de pesos.

Lo más importante para los ciudadanos es esto: 5,8 millones de comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez. Eso significa que más de 1,4 millones de personas se beneficiarían al ser revocadas automáticamente esas multas. El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que no se trata de descuidar la seguridad vial: "No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana".