El Ministerio de Salud acaba de expedir un decreto que promete reorganizar el sistema de aseguradoras en salud, pero que ha generado alarma entre pacientes y expertos. La medida, que establece límites sobre cuántas EPS pueden operar según la población de cada territorio, terminará concentrando a millones de colombianos en Nueva EPS, precisamente cuando esa empresa enfrenta sus peores crisis.

Los números son alarmantes. Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros desde 2023. En menos de dos años, sus deudas pasaron de 6 billones a 24 billones de pesos. Acumula además 120 mil tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores en apenas 21 meses. A pesar de este panorama, el decreto la designa para recibir aproximadamente 2,6 millones de usuarios que vendrían de aseguradoras como Sura y Sanitas.

El Decreto 182 de 2026 funciona de manera simple pero drástica. En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS que tengan al menos el 5 por ciento de los afiliados en esa zona. En territorios con población entre 390 mil y 2 millones de habitantes, el mínimo sube al 10 por ciento. En departamentos más pequeños, entre 100 mil y 390 mil habitantes, se exige el 15 por ciento. Las aseguradoras que no cumplan estos requisitos tendrán que cerrar sus operaciones y traspasar automáticamente a sus pacientes a otras empresas más grandes.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria no ha sido tímido en su crítica. Afirmó que "trasladan los pacientes a una EPS en caos, sin confianza de los otros agentes y con crecientes problemas de entrega de medicamentos. Los pacientes no importan. Una decisión inhumana y sin justificación".

Gloria Elena Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, también rechaza la medida. Según ella, "es vulneración del derecho a la libre escogencia y pasan a la gente como si fuera una rifa de confeti para otras EPS. No tiene sentido ese traslado porque es inconsulto y llegarán a una que no tiene capacidad para atender más pacientes". Quiceno advirtió además que Sanitas tendrá que abandonar 15 departamentos con este decreto.

El traslado de 2,6 millones de personas representa un desafío operativo gigantesco. Significa cambiar redes prestadoras (los hospitales y clínicas con que trabajan), tramitar nuevas autorizaciones, y posiblemente causar retrasos en medicamentos o tratamientos en curso. El decreto promete que todo esto se hará en cinco días, algo que Quiceno considera "pura paja e imposible". Quizás lo más grave es que los pacientes tendrán que empezar de cero: buscar nuevos médicos, que les envíen nuevos tratamientos, mientras la continuidad de su atención pende de un hilo.

El representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático anunció que pedirá que se abra un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, acusando que "está desatendiendo la orden que había dado el Consejo de Estado" y que reproducir este decreto es reincidencia de una medida que ya había sido suspendida.

Mientras tanto, los colombianos que resulten asignados a Nueva EPS enfrentan una recomendación urgente: dirigirse lo antes posible a su nueva aseguradora para verificar si los hospitales y clínicas con los que tienen citas están en capacidad de atenderlos, o si necesitarán buscar proveedores nuevos.