La orden llegó clara desde la presidencia: trasladar a los jefes criminales que participaron en la parranda vallenata de la cárcel La Paz de Itagüí. Pero han pasado semanas y los traslados simplemente no ocurren. Las críticas se multiplican y las investigaciones parecen no avanzar lo suficiente contra los líderes de bandas que fueron capturados en la fiesta del pasado 8 de abril.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció públicamente que el proceso aún está en revisión. Su argumento es que no todos los internos presentes en el patio uno de la cárcel participaron en la festividad, así que están analizando quién estuvo realmente involucrado. Pero hay más: Cuervo señaló que un traslado masivo de todos los cabecillas complicaría los planes del gobierno de retomar los diálogos de paz urbana. "No todos participaron. La fiesta fue en el patio uno. Entonces, estamos tratando de identificar cuáles sí y cuáles no, pero ojo el traslado es complejo porque si bien los diálogos están suspendidos, la idea del gobierno es retomar esos diálogos y que ellos estén reunidos en Itagüí porque estaban asignados inicialmente en otras cárceles fueron medidas para facilitar la negociación", explicó el funcionario.

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón no oculta su molestia con la situación. Acusa al gobierno nacional de intentar convertir a los criminales en gestores de paz, y lanza una crítica directa: "Por el contrario los quiere convertir en gestores de paz y a todas luces trata de esconder lo que infortunadamente ha acontecido allí por cuenta de decisiones que ha tomado el mismo Gobierno nacional". Por su parte, el concejal de Medellín Andrés Tobón va más allá y desconfía de los tiempos. Afirma que el presidente Petro se comprometió a trasladar a 16 cabecillas hacia una cárcel en Bogotá, pero que ahora el ministro sale diciendo que está revisando quiénes estaban. Su sospecha es clara: "Se los advierto desde ya, están haciendo todo lo que esté a su alcance para no trasladar a alias 'Douglas'".

A todo esto se suma otro escándalo: la Procuraduría anuló las suspensiones de 11 funcionarios del Inpec que fueron sancionados por permitir la fiesta. La razón fue errores en el proceso disciplinario. Así, mientras críticos cuestionan por qué el gobierno no actúa con la celeridad que prometió, los traslados siguen en stand by y la credibilidad de las autoridades se erosiona en Antioquia.