La estrategia de "paz total" del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta críticas cada vez más fuertes a días de las elecciones presidenciales. La revelación más reciente proviene de Paloma Valencia, candidata presidencial, quien sacó a la luz que durante estos casi tres años de administración Petro se han congelado órdenes de captura contra 205 voceros y representantes de diferentes grupos armados ilegales. Lo más preocupante es que 81 de esas órdenes permanecen suspendidas todavía.

Entre los beneficiados por estas medidas está "Calarcá", un criminal que tiene audiencia de imputación pendiente con la Fiscalía pero que sigue protegido por las disposiciones de paz del Gobierno. Según los datos de Valencia, hay 35 miembros del Estado Mayor Central en esta situación, 11 de la Segunda Marquetalia, 9 pertenecientes a Comuneros del Sur (brazo del ELN), y otros distribuidos en diferentes estructuras criminales del país. Para la candidata, esto demuestra que la administración ha priorizado a los criminales sobre los ciudadanos.

"Dejaron libres a los principales bandidos para elecciones, justo cuando compite el papá de la Paz Total. Por eso el país está nadando en coca, secuestros y extorsión. El Gobierno no combate a los criminales y les garantiza la libertad con la fracasada Paz Total", aseguró Valencia en su crítica a la política.

La realidad en las calles respalda esa preocupación. Según Indepaz, en lo corrido del año se han registrado 50 masacres hasta el 3 de mayo, lo que equivale a casi una cada 2,5 días. Leonardo Perafán, de esa organización, subrayó que "50 masacres en 123 días: un ritmo que ya había sido advertido por las comunidades, organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas". La más reciente de estas masacres ocurrió en San José de Cúcuta, donde criminales abrieron fuego indiscriminadamente y mataron a tres personas.

Mientras Iván Cepeda, el candidato del Gobierno, defiende mantener la "paz total", otros aspirantes presidenciales plantean desmantelarla. Argumentan que los grupos armados han aprovechado los diálogos y las treguas para fortalecerse. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz confirma esto: esas estructuras han crecido a más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, un aumento del 23,5 por ciento desde diciembre de 2024. En apenas un año se sumaron más de 5.000 personas nuevas a organizaciones ilegales, con el Clan del Golfo a la cabeza ganando unos 2.300 miembros.