En medio de la polémica que rodea los acuerdos con el Clan del Golfo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz comunicó la paralización del proceso de ubicación temporal que iba a ejecutarse en Tierralta, Córdoba. Se trataba de una zona de distensión donde se preveía la llegada de aproximadamente 400 miembros de esa organización criminal, como parte de los compromisos establecidos en el proceso de Paz Total.

Según el comunicado oficial, la decisión de detener el proceso responde a que "actualmente no se cuenta con las condiciones establecidas en la ley para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal". Esto significa que, a pesar de los acuerdos previos, la institucionalidad colombiana encontró obstáculos legales que impiden avanzar con la iniciativa por el momento.

El anuncio llegó tras una reunión convocada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en la que convergieron varias instituciones de peso. Participaron delegados de países que actúan como mediadores en el proceso, representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y equipos del Espacio de Conversación Sociojurídico. La confluencia de tantos actores refleja la complejidad y sensibilidad de estos acuerdos de paz con estructuras criminales.