En un movimiento que genera más turbulencia política en los últimos días del gobierno Petro, la administración saliente decidió aplazar el traslado de combatientes del Clan del Golfo a las zonas de ubicación temporal que se había programado para este jueves en Tierralta, Córdoba. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz argumentó que el espacio "no cuenta con las condiciones establecidas por la ley" para su funcionamiento, por lo que el procedimiento quedó suspendido hasta nuevo aviso.

La decisión toma relevancia después de que Noticias Caracol sacara a la luz grabaciones de audio en las que el excomisionado Danilo Rueda, durante una reunión en septiembre de 2022 con emisarios del Clan del Golfo, habría comprometido medidas que beneficiarían a la organización. Según el reportaje, Rueda se habría comprometido a ejecutar una "purga" en las Fuerzas Militares, frenar los bombardeos contra el grupo y suspender extradiciones contra sus integrantes. En una de las grabaciones, Rueda habla de "jugar a las escondidas" y menciona que "Todos nos quedamos congelados los tres, incluido el ejército congelado". El excomisionado también afirmó haber intercedido ante el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez para frenar operaciones, diciendo: "Hablamos con el ministro y dieron orden... había bombardeos para las zonas donde se están moviendo".

Pese a la suspensión del traslado, tanto el gobierno como la delegación del Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, dijeron mantener su compromiso con el proceso de diálogo. En un comunicado conjunto reiteraron su adhesión a los acuerdos alcanzados en Doha, Qatar, y expresaron su intención de trabajar en el empalme con la administración entrante para garantizar continuidad en las conversaciones.

Sin embargo, esa continuidad parece poco probable. El presidente electo Abelardo De la Espriella fue tajante en su posición durante la entrega de credenciales ante la Corte Nacional Electoral. Calificó la conexión del gobierno Petro con estructuras criminales como "asqueante y vergonzosa", y sentenció: "La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la impunidad: solo prevalecerá el imperio de la ley". El penalista advirtió que grupos armados que continúen en actividades ilícitas "enfrentarán toda la capacidad del Estado" y les dio un plazo contundente: "Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin".

Frente a las acusaciones, Rueda se defendió en entrevista con 6AM de Caracol Radio asegurando que los acercamientos con el Clan del Golfo fueron únicamente parte de una etapa exploratoria, no de una negociación formal. Sostuvo que durante esos contactos continuaron las operaciones militares contra el grupo y que jamás existió una decisión presidencial para detenerlas. Explicó también que hubo presencia de observadores internacionales en tres encuentros durante esa fase.

El panorama para la política de paz total es incierto. El Clan del Golfo, con alrededor de 10 mil combatientes y miembros de apoyo logístico distribuidos en 23 departamentos del país, esperaba el desplazamiento de los primeros 500 integrantes como prueba del proceso. Además, la Fiscalía se había negado previamente a suspender 29 órdenes de captura contra miembros del grupo, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia, dejando abierta la posibilidad de actuaciones judiciales incluso durante un eventual sometimiento.