El Ministerio de Minas y Energía se alista para implementar una nueva sobretasa en las facturas de energía de los hogares más pudientes del país. Según confirmó el viceministro de Energía, Víctor Paternina, durante un evento en Barranquilla, la medida implicará un incremento de aproximadamente $8 por cada kilovatio/hora en los recibos de los estratos 4, 5 y 6 en toda Colombia. El propósito es claro: recaudar alrededor de $235.000 millones durante 2026 para intentar sanear las finanzas de Air-e, la empresa distribuidora que actualmente está intervenida y carga con deudas que superan los 2.2 billones de pesos.

Sin embargo, la iniciativa ya genera polémica entre expertos y defensores de los usuarios. Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, fue directo al señalar que "es responsabilidad del Estado, responsabilidad constitucional, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, de manera que la obligación es del presupuesto nacional". Su mensaje es contundente: estos costos no deberían recaer sobre los ciudadanos, sino ser asumidos por el presupuesto público.

Los académicos también cuestionan la medida. Robert Ng, decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, advierte sobre el terreno legal incierto en el que se mueve esta decisión: "Utilizar ese instrumento regulatorio para rescatar una empresa insolvente, no para remunerar un servicio y cubrir costos de expansión, se mueve en un terreno jurídico incierto". Alfredo Trespalacios, consultor en Energía y Finanzas, por su parte, apunta a otro problema de fondo: "Cada uno de los determinantes del precio, lo único que están haciendo es subirlo la escasez de su oferta. Demanda del sistema ha hecho que los precios sistemáticamente durante varios años vengan subiendo".

El impacto real en las billeteras de los colombianos es especialmente preocupante en regiones como el Caribe, donde el uso intensivo de aire acondicionado es inevitable. En esas zonas, el costo adicional mensual podría alcanzar en promedio hasta los $20.000 pesos. Para muchos hogares de estratos altos, ese incremento será asimilable; pero para otros, significará una presión financiera considerable.