Apenas cuatro días después de subir la gasolina corriente en $400, el Gobierno Nacional vuelve a meter la mano en el bolsillo de los colombianos. Esta vez le tocó al ACPM, el diésel que mueve los camiones, buses y toda la maquinaria que mantiene la economía del país en movimiento. A partir de hoy la Comisión de Regulación de Energía y Gas oficializó un incremento de $200 en este combustible, una decisión que viene en línea directa con la que anunció el pasado 1 de mayo.

El sector productivo no ha tardado en levantar la voz. Los transportadores y conductores de carga, que son los más afectados por estas alzas, ven con preocupación cómo sus costos operacionales se disparan. Y con razón: cuando suben los combustibles en Colombia, todo lo demás sube detrás. Los analistas no descartan que el precio de los alimentos termine siendo el que más sienta este golpe en el bolsillo de la gente común.

Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Germán Ávila ha salido a defender lo indefendible. Según su argumento, estos incrementos "buscan revertir las reducciones de $500 realizadas entre febrero y marzo, motivadas en su momento por una mejora en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)". Ávila insiste en que estas alzas son "lo más responsable y conveniente". Una justificación que suena fría cuando el ciudadano común tiene que estirar más el dinero para llenar el tanque de su carro o cuando la factura de servicios comienza a crecer por los costos de transporte.