El Gobierno logró quedarse con 1,63 billones de pesos de los recursos recaudados durante la declaratoria de emergencia económica que ordenó el presidente Gustavo Petro hace poco más de un mes. La Corte Constitucional anuló el Decreto 1474 que reglamentaba esa emergencia, pero una particularidad en su fallo permitirá que la administración conserve la mayor parte de lo cobrado.

La decisión del alto tribunal se basó en que el decreto matriz, el Decreto 1390 que declaraba la emergencia económica, era inconstitucional. Por eso también cayeron los decretos que surgieron de él, como el 1474. Sin embargo, la Corte fue cuidadosa al establecer que las personas que ya habían pagado impuestos con los incentivos tributarios que se ofrecieron no tendrían que recibir devoluciones. Eso fue crucial para que el Gobierno pudiera quedarse con la mayor cantidad de dinero recaudado.

El presidente Petro se pronunció rápidamente sobre la sentencia. Afirmó a través de X que "los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron" y agregó: "Así que no hay nada que devolver. Solo se logró los pagos de deudores antiguos de la DIAN que lograron beneficios tributarios". Según explicó el Ministerio de Hacienda, cerca de 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros aprovecharon el incentivo para regularizar deudas antiguas con la entidad, pagando una parte de lo adeudado a cambio de evitar sanciones más costosas.

No todos los impuestos decretados durante la emergencia generaron ingresos. Mientras que el mecanismo de beneficios tributarios fue exitoso, otros gravámenes como el impuesto al patrimonio, el tributo adicional a cigarrillos o el IVA del 19% a bebidas alcohólicas nunca llegaron a cobrarse. Eso sí, hubo ingresos por otros conceptos: el Ministerio de Hacienda reportó 23 mil 800 millones por un impuesto a la primera importación de carbón e hidrocarburos, y 1 mil 200 millones más por IVA a importación de licor, sumando 25 mil millones adicionales que sí deben devolverse.

La Corte fue clara en que esos 25 mil millones sí tenían que reintegrarse a los contribuyentes. Ordenó que los impuestos directos, aquellos que consideran la capacidad económica de quien paga, "no sean objeto de declaración, liquidación o cobro", y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente. Los impuestos indirectos, aplicados sobre el consumo sin considerar capacidades individuales, también serán devueltos a quienes acrediten haberlos pagado.

En otro frente, el presidente también respondió a una sanción económica impuesta por un juzgado administrativo de Bogotá. Un juez lo multó con quince salarios mínimos por desacato a una tutela, luego de que Petro no rectificara una declaración donde calificó como "bandido" a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud. El mandatario insistió en que no puede retractarse de "una acusación que presentamos con pruebas" y pidió a la Fiscalía que investigue el caso.