Tras varios meses de impasse, el Gobierno Nacional regresará a las mesas de negociación con los cabecillas de bandas criminales recluidos en la Cárcel de Itagüí. La Oficina del Comisionado de Paz confirmó oficialmente la reactivación de estos diálogos, que permanecían estancados desde el pasado mes de abril cuando un episodio inusual sacudió el penal.

Lo que pasó en aquella ocasión fue que el cantante Nelson Velásquez y otras personas lograron ingresar sin autorización al pabellón de máxima seguridad el 8 de abril, presuntamente para realizar una parranda vallenata. El Gobierno determinó que esto violaba las garantías básicas que debe tener un espacio de diálogo serio, así que ordenó la pausa inmediata de las conversaciones que venían desarrollándose desde junio de 2023.

La institucionalidad ha puesto el ojo sobre lo sucedido. Doce funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario están siendo investigados por presuntas negligencias en los controles de acceso, incluyendo el director y subdirector del penal. Además, dos internos involucrados en el incidente fueron trasladados a otras cárceles del país, uno de ellos conocido como alias 'Pocho', enviado a Girón en Santander.

En su comunicado, la delegación del Gobierno reconoció que el proceso ha enfrentado obstáculos serios. Señaló directamente a la Fiscalía General, a sectores políticos regionales y al Congreso de la República por no haber establecido un marco jurídico claro que permita el sometimiento de estas estructuras criminales. A pesar de esto, manifestaron que "reiteramos el compromiso de los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto y de la Delegación del Gobierno Nacional de persistir e insistir, porque de por medio está la paz como una obligación pública y un derecho popular".

Lo interesante es que el Alto Comisionado de Paz y la Presidencia respaldan esta vuelta a la mesa argumentando que estos espacios de diálogo han tenido un impacto real: los homicidios en Medellín registran tendencia a la baja en los últimos dos años. Las partes mantienen viva la agenda que se propusieron y buscan cerrar un acuerdo antes de que termine el actual periodo de gobierno.