Las autoridades nacionales decidieron adelantarse esta vez. A diferencia de procesos electorales anteriores, el Gobierno no esperará hasta el día de las votaciones para activar sus sistemas de vigilancia, sino que desde el próximo martes entrará en funcionamiento un plan especial de seguridad diseñado para detectar y contener posibles disturbios violentos que podrían desatarse tras la segunda vuelta presidencial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue claro al respecto: existe información de inteligencia que alerta sobre riesgos de violencia electoral. Por eso las fuerzas de seguridad buscarán anticiparse a cualquier escenario de riesgo fortaleciendo sus capacidades para responder rápidamente si algo afecta el normal funcionamiento de la democracia. La preocupación central no es solo la violencia física, sino también la desinformación. Sánchez explicó que una de las principales amenazas es la circulación de información falsa que pueda generar tensiones y terminar derivando en acciones violentas en las redes y las calles.

Para ello, el Gobierno pondrá en marcha dos puestos de mando unificados. Uno de seguridad tradicional y otro específicamente cibernético, dedicado a monitorear redes sociales y detectar amenazas que circulen en línea. Las alertas se concentran en 38 municipios del país, pero la vigilancia tendrá un enfoque especial en las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Allí se reforzarán las acciones preventivas para garantizar la tranquilidad ciudadana y que el proceso democrático transcurra sin sobresaltos.

Durante su intervención, el ministro hizo un llamado a todos los sectores políticos y a los ciudadanos para que promuevan un debate respetuoso y eviten "discursos que inciten al odio o la confrontación". También rechazó que exista un constreñimiento electoral generalizado por parte de grupos armados. Según análisis realizados junto a entidades como la Registraduría, la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), Sánchez aseguró que no se ha identificado una relación directa entre la presencia de organizaciones ilegales y el comportamiento electoral de los ciudadanos.