Con la seguridad electoral en la mira, el ministro de Defensa Pedro Sánchez presentó un balance detallado de la situación de orden público en el país, enfatizando los riesgos que persisten en departamentos como Antioquia. Según el funcionario, estructuras armadas ilegales continúan operando en distintas regiones del territorio nacional, representando una amenaza latente para los próximos comicios.

El ministro fue claro al identificar los principales actores que preocupan al Estado: el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A estos grupos los vinculó con prácticas que van desde homicidios hasta reclutamiento forzado de menores, instalación de explosivos e intimidación deliberada a comunidades rurales. Sánchez enfatizó que, a pesar de estas amenazas, la Fuerza Pública está comprometida con garantizar que los ciudadanos puedan votar sin temor, tanto en territorios urbanos como en las zonas más apartadas del país.

En su presentación, el jefe de Defensa subrayó el enfoque preventivo de la estrategia estatal. Con palabras precisas, señaló que "la clave es prevenir cualquier atentado terrorista". Para lograrlo, el gobierno ha activado sistemas de inteligencia, patrullajes constantes y mecanismos de recompensas que buscan anticiparse a hechos violentos e identificar a quienes intenten perpetrarlos.

Específicamente en Antioquia, el Ejército Nacional ha fortalecido su presencia de manera considerable. Sánchez informó que se han desplegado más de 400 uniformados adicionales, incluyendo unidades especializadas y un batallón de despliegue rápido. El Bajo Cauca, considerada como una de las subregiones más vulnerables por la actividad de estructuras criminales, será punto de especial atención. Además del personal, el gobierno también ha invertido en capacidades tecnológicas como drones y sistemas antidrones para mejorar la vigilancia en territorios complejos.

El dispositivo no se limita a fuerzas terrestres. La Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional también entrarán en acción, con aeronaves, helicópteros, buques y sistemas de inteligencia que buscan cubrir zonas rurales, corredores estratégicos y áreas costeras. En cuanto a incentivos económicos, las autoridades han establecido recompensas de hasta 200 millones de pesos para información que permita prevenir delitos electorales y capturar a responsables de actos terroristas.

Sánchez también aprovechó su intervención para dirigirse directamente a la ciudadanía. Pidió colaboración activa mediante denuncias de actividades ilegales a través de líneas oficiales, reconociendo que la información oportuna es fundamental para prevenir violencia. Con un llamado a defender la democracia, el ministro cerró su mensaje reafirmando la determinación del Estado: "no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí lo que hay es una voluntad absoluta de proteger al pueblo colombiano".