Con menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia vive momentos de tensión. Paloma Valencia, senadora de 48 años y candidata del Centro Democrático, denunció que recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. En una de las imágenes que circulan aparece su fotografía acompañada de la leyenda "Descanse en paz", un mensaje que encendió las alarmas en el Gobierno.

Ante la denuncia, las autoridades no tardaron en reaccionar. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó "categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país". Para investigar los hechos y frenar este tipo de intimidación, el gobierno reafirmó que ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien brinde información sobre amenazas contra aspirantes a la Presidencia. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, garantizó que "Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección" de la candidata.

Valencia, que ha ido subiendo posiciones en las encuestas, respondió con moderación. Através de su cuenta en X agradeció la solidaridad mostrada y reafirmó su compromiso de trabajar "hasta tener una Colombia sin miedo y segura". Sin embargo, fue contundente al asegurar que las amenazas en su contra "evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en el país".

Este contexto de violencia política no es nuevo en Colombia. El asesinato del senador Miguel Uribe hace un año, muy cercano a Valencia y también aspirante presidencial del Centro Democrático, dejó marcas profundas. Una disidencia de las Farc es sospechosa de haber ordenado ese atentado en Bogotá. Expertos advierten que varios grupos armados que operan en el territorio se han fortalecido, lo que agrava el panorama de inseguridad en el que transcurre esta campaña electoral.