La aparición de una imagen con una corona fúnebre dirigida a Paloma Valencia generó preocupación en el escenario electoral colombiano. La publicación circuló por la red social X mostrando una foto de la candidata presidencial en blanco y negro junto al mensaje "descanse en paz", lo que fue interpretado como una amenaza contra su vida durante la contienda. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue quien denunció públicamente el hecho, desatando reacciones de rechazo desde distintos sectores políticos.

Ante esta situación, el Gobierno activó sus mecanismos de protección. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que desde hace tiempo ya trabajan en reforzar la seguridad de quienes participan en el proceso electoral. "Se ha garantizado la seguridad en sus desplazamientos de campaña en todo el territorio nacional, con acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada", afirmó el funcionario. Según detalló, actualmente todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con medidas específicas: 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales.

Benedetti también destacó que el Gobierno había actuado con anticipación. Desde junio de 2025 activaron un Comité de Coordinación para evaluar y proteger incluso a los precandidatos, asignando recursos antes de que se inscribieran formalmente los candidatos en la contienda electoral.

Desde otra trinchera institucional, la Defensoría del Pueblo de Colombia también levantó la voz. La entidad rechazó categóricamente lo ocurrido e hizo un llamado urgente a investigar. "Rechazamos las amenazas y hostigamientos contra la candidata presidencial Paloma Valencia y hacemos un llamado urgente a investigarlos y a proteger el debate democrático", señaló la Defensoría, pidiendo además a la Fiscalía actuar con celeridad para identificar a los responsables.

La Defensoría aprovechó para recordar que en un Estado de Derecho nadie puede ser objeto de amenazas por ejercer su derecho a participar en política. Además, advirtió sobre un problema más profundo: apenas el 23 por ciento de las candidaturas corresponde a mujeres en el país. Por eso insistió en que "existe un deber reforzado del Estado para promover la participación de las mujeres y prevenir hechos de violencia en este contexto".