Las autoridades penitenciarias respondieron rápido a lo que pasó el 8 de abril en el centro La Paz de Itagüí. El Gobierno decidió trasladar a Paulo Andrés Torres Flórez hacia la cárcel de Girón, en Santander, mientras abre investigaciones contra él por su presunta participación en los hechos. Pero la cosa no se quedó ahí.

La Procuraduría asumió el control de las investigaciones disciplinarias, penales y administrativas que ahora incluyen a 13 funcionarios del penal, tanto directivos como personal de custodia. El INPEC también hizo cambios administrativos, incluyendo movimientos en la dirección del establecimiento. Todo esto mientras se mantiene vigente la suspensión de los diálogos con la mesa sociojurídica, suspensión que comenzó apenas se conocieron los hechos.

En materia de seguridad, las medidas fueron concretas. Instalaron 36 cámaras con tecnología avanzada que incluye monitoreo en tiempo real, integración a sistemas con inteligencia artificial e infrarrojo. Esto permite un control mucho más estrecho de lo que sucede adentro del penal. Los operativos también se intensificaron: han decomisado celulares, licores, memorias USB y otros objetos que no deberían estar en las celdas. Además, endurecieron los controles en el ingreso, en las visitas y en la supervisión de actividades dentro del centro.

Las autoridades dijeron que estas decisiones buscan garantizar orden, disciplina y cumplimiento de la ley en el sistema penitenciario mientras continúan aclarando qué sucedió realmente en esos hechos de abril.