El Ejecutivo encendió las alarmas en el Congreso. Los ministerios de Agricultura y Justicia radicaron un mensaje de insistencia para que aceleren el trámite del proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria y Rural, una norma que está contra el reloj y puede desaparecer si no cruza la meta legislativa a tiempo.

Martha Carvajalino y Jorge Iván Cuervo, ministros de Agricultura y Justicia respectivamente, pidieron que la iniciativa sea priorizada en los debates de plenaria tanto en Cámara como en Senado. El proyecto, radicado en 2024, tiene fecha de vencimiento: si no se aprueba antes del 20 de junio de 2026, deberá archivarse y todo el proceso volvería a empezar desde cero en una nueva legislatura.

La ley busca establecer las reglas de juego para que la Jurisdicción Agraria y Rural funcione en la práctica. Aunque esta jurisdicción ya fue creada constitucionalmente en 2023, aún necesita una ley que defina cómo operará, qué competencias tendrá y cuál será su procedimiento especial. En otras palabras, sin esta norma, los jueces especializados en conflictos de tierras no pueden entrar en funcionamiento.

El Gobierno argumenta que la aprobación es fundamental para la Reforma Rural Integral y para darle seguridad jurídica a los campesinos. La iniciativa permitiría resolver disputas sobre propiedad y tenencia de tierra, además de asuntos relacionados con baldíos, que hoy se atienden en otras instancias judicales sin la especialidad requerida.

Actualmente, el proyecto está en trámite en plenaria de ambas cámaras, pero aún no ha sido votado. El camino que falta es claro: la Cámara de Representantes debe incluir la iniciativa en sus debates, aprobarla, y luego pasarla al Senado, todo antes de que cierre el período legislativo.

Si el Congreso no logra hacer el trabajo en el plazo estipulado, la reglamentación ordinaria de la jurisdicción quedará pendiente, retrasando aún más la entrada en funcionamiento de una pieza que el Gobierno considera clave para el campo colombiano.