Cuando le quedan menos de cinco meses de gobierno, Gustavo Petro se vuelve a ver envuelto en un escándalo de contratación pública. La Tiempo sacó a la luz que el Ejecutivo gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con lo que se conoce como Asociaciones Público-Populares: juntas de acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones comunales y resguardos. Lo preocupante no es solo la cantidad de dinero, sino la forma como se repartió: a "dedo" y con resultados muy cuestionables en términos de ejecución real de las obras.

La maniobra fue posible gracias a una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno. El problema es que la Corte Constitucional ya le había metido el hacha a los artículos 100 y 101 del PND porque consideró que vulneraban la transparencia en la contratación pública. Aun así, el Gobierno siguió usando ese mecanismo. En total, se firmaron 80.736 contratos desde 2022 con estas organizaciones, pero la mayoría tiene una ejecución tan baja que refleja lo que muchos analistas califican como "caos" administrativo. El timing del escándalo tampoco es inocente: llega en plena época electoral y las comunidades beneficiadas son cercanas al Gobierno, lo que levanta sospechas sobre favores políticos disfrazados de inversión social.

La distribución de los recursos fue así: más de 25 billones en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de 700 mil millones en 1.389 contratos con cabildos; más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal, y más de 382 mil millones en 742 contratos con cabildos indígenas. Pero aquí está lo grave: de los 55.434 contratos con asociaciones comunales, apenas 7.309 aparecen como terminados. De los 1.389 contratos con cabildos, solo 165. La Contraloría ha advertido que estos miles de millones están "embolatados" (estancados) en estados como "modificado", "celebrado" e "en ejecución", sin materializarse en obras. Para colmo, una parte fue entregada en efectivo, lo que imposibilita hacer seguimiento a dónde fue a parar la plata.

El fiasco más grande está en el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total", que prometía construir 33 mil kilómetros de vías rurales. Hasta ahora apenas se ejecutaron 2.387 kilómetros: el 7 por ciento de lo prometido. En Antioquia, que fue analizado en detalle por la Contraloría, la situación es desoladora. Más de dos años después de que arrancara el programa, hay municipios donde las obras no avanzan ni un 5 por ciento a pesar de que ya recibieron el dinero. En lugares como Amalfi, Briceño y San Juan de Urabá, las juntas de acción comunal muestran avances "ínfimos". Lo más absurdo es que en el sitio web del Instituto Nacional de Vías dicen que los convenios de 2023 se ejecutaron al 100 por ciento, mientras que la Procuraduría documenta que avanzan "a paso de tortuga" o simplemente no avanzan. De los 1.037 convenios que Invías firmó hace dos años, por lo menos 766 están en un "completo limbo".

Camilo Enciso, abogado especializado en anticorrupción, explicó el punto clave en diálogo con EL COLOMBIANO: "cuando estas organizaciones son utilizadas como vehículo para ejecutar grandes contratos sin los estándares de transparencia, competencia y control, existe el riesgo de que se conviertan en intermediarios para canalizar recursos públicos sin controles efectivos, que terminan en manos de actores corruptos". Para Enciso, el problema no es que existan estas organizaciones comunitarias, sino la forma en que se usan: "sin salvaguardas robustas, este tipo de esquemas puede derivar en redes clientelistas o en formas indirectas de tercerización de la contratación estatal". Además, llamó "alarmante" la situación: 31 billones de pesos es un volumen comparable al presupuesto anual de sectores completos del Estado, y todo pasó por fuera de los mecanismos ordinarios como SECOP II, sin procesos competitivos. En época electoral, cuando ya hay denuncias de compra de votos, esto representa "un riesgo claro de instrumentalización política de esos recursos".

El excandidato presidencial David Luna fue más directo en redes. Escribió en X que "la discusión no es contra las comunidades. Nadie puede estar en contra de que las regiones participen, de que las juntas comunales ayuden o de que los territorios tengan voz. El problema empieza cuando el Gobierno convierte eso en excusa para repartir recursos sin ningún tipo de control". La Procuraduría detectó que de los 208 mil millones desembolsados inicialmente en el plan piloto, 154 mil millones están "embolatados", lo que significa que aproximadamente el 75 por ciento de los convenios de 2023 presentan "serias inconsistencias".