El Gobierno del presidente Petro gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y asociaciones comunales, según una investigación del diario El Tiempo basada en información obtenida de Colombia Compra Eficiente. Estos 80.734 contratos se celebraron bajo la figura de Asociaciones Público-Populares, un mecanismo creado en el Plan Nacional de Desarrollo que permitía saltarse los procesos de licitación tradicionales. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró esta modalidad inconstitucional, argumentando que violaba principios fundamentales de transparencia en la contratación estatal.

La Corte tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo porque consideró que el Gobierno se extralimitó al crear una nueva forma de contratar "a dedo" sin especificar claramente quiénes podían ser beneficiarios. Según el tribunal, "Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria". A pesar de esta sentencia, el dinero ya estaba comprometido: más de 25 billones fueron a asociaciones comunales, más de 2 billones a consejos comunitarios, más de 1 billón a resguardos, y menores montos a cabildos, juntas de acción comunal y cabildos indígenas.

El problema es que la mayoría de estos contratos no se han ejecutado. De los 55.434 celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309 (el 13%) aparecen como terminados. La ejecución es tan baja que los dineros quedan en estados como "modificado", "celebrado" e "en ejecución" sin materializarse en obras reales. La Contraloría advirtió que la política de Caminos para la Paz, que utilizó este modelo de contratación, fue un fracaso: de los 33.000 kilómetros de vías rurales que prometió el Gobierno, apenas se construyeron 2.387 kilómetros, equivalente al 7% de la meta.

Desde antes de que la Corte fallara, organismos especializados ya advertían sobre los riesgos. En 2023, durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), alertó que este tipo de contratación directa "promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones". La CCI señalaba que era contradictorio que asociaciones comunitarias ejecutaran labores especializadas sin profesionales capacitados, y que todo esto abría la puerta a hechos de corrupción. Además, advertían que sin estudios ni diseños previos, los recursos podrían no alcanzar y las obras quedarían inconclusas.

Por su parte, la Procuraduría General tomó una posición distinta. El 13 de mayo de 2025, el procurador Gregorio Eljach envió un concepto a la Corte defendiendo esta forma de contratación. Según el Ministerio Público, "flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional", y consideraba que las disposiciones estaban "debidamente reguladas" bajo "reglas claras" que respetaban la legislación contractual.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, estos contratos quedaron en un limbo legal. Los billones ya desembolsados permanecen en su mayoría en ejecución, sin que se materialicen en obras visibles para las comunidades que las necesitan. La situación pone en evidencia la tensión entre la intención de llevar recursos directamente a organizaciones populares y la necesidad de garantizar que esos recursos se ejecuten con transparencia, eficiencia y capacidad técnica real.