Una contratación de última hora tiene a muchos cuestionando los tiempos y formas del Gobierno. Faltando apenas horas para que entrara en vigor la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal durante períodos electorales, el Ejecutivo firmó varios contratos millonarios directamente con el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Todo ocurrió el 30 de enero: tres acuerdos por casi $4 mil millones en el instante previo a las restricciones. El hallazgo lo reportó EL COLOMBIANO tras revisar documentación oficial.

Pero estos acuerdos de último minuto no son aislados. Desde 2024 hasta 2026, se han girado más de $218 mil millones en recursos públicos destinados al "fortalecimiento" de organizaciones indígenas, principalmente al CRIC, una de las estructuras con mayor influencia en la representación de comunidades indígenas del país. El problema, según especialistas, no está necesariamente en quién recibe el dinero, sino en cómo se entrega y bajo qué condiciones.

Los 23 contratos fueron suscritos por múltiples entidades estatales: desde el Departamento Nacional de Planeación hasta los ministerios de Deporte, Justicia, Salud, Minas, Educación, Cultura e Interior, pasando por la Unidad Nacional de Protección. Todos utilizaron esquemas flexibles y por fuera de los procesos competitivos normales, usando criterios como "representatividad territorial" o "conocimiento ancestral". Esto hace difícil verificar realmente cómo se gastan esos recursos.

Uno de los contratos más resonantes fue el de $2.559 millones firmado el 30 de enero entre el CRIC y la Unidad Nacional de Protección. Según el documento, busca "aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos, operativos y logísticos entre el CRIC y la UNP, con el fin de desarrollar la propuesta de medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial étnico a favor de los 28 líderes indígenas cobijados actualmente con la medida cautelar MC-301/08, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en las zonas que conforman el CRIC". El mismo día se firmó otro con el Departamento Nacional de Planeación por $1.220 millones para garantizar consulta previa en asuntos territoriales.

El contexto electoral agudiza las preocupaciones. El vicepresidente designado, Iván Cepeda, anunció a Aída Quilcué como su fórmula: una congresista, lideresa indígena que fue representante legal del CRIC. Además, según reportes de oposición, el Gobierno ha recibido apoyo de movimientos indígenas en sus movilizaciones nacionales. Para mediados de 2025, entre el CRIC y la Organización Nacional Indígena de Colombia, habían recibido $405 mil millones en total de esta administración.

Camilo Enciso, abogado especializado en anticorrupción, fue claro con EL COLOMBIANO sobre los riesgos: "cuando estas organizaciones son utilizadas como vehículo para ejecutar grandes contratos sin los estándares de transparencia, competencia y control, existe el riesgo de que se conviertan en intermediarios para canalizar recursos públicos sin controles efectivos, que terminan en manos de actores corruptos". Sobre lo electoral, señaló que "cuando se incrementa de manera significativa la asignación de recursos públicos a actores territoriales con capacidad de movilización social, se genera un riesgo claro de instrumentalización política de esos recursos. No necesariamente implica ilegalidad per se, pero sí configura un terreno fértil para el uso clientelista del gasto público, especialmente en contextos preelectorales".

La opacidad es otro factor preocupante. Muchos de estos acuerdos no se publican en el momento de su firma. Solo aparecen tras revisar cuidadosamente plataformas oficiales, lo que impide que la ciudadanía haga seguimiento real. Todo esto ocurre en el final del Gobierno Petro, cuando faltan apenas cinco meses para que termine su período y cuando, según observadores, la velocidad de contrataciones con estas entidades territoriales se ha acelerado significativamente.