La tensión entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo llegó a los juzgados. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que iniciará acciones legales contra Carlos Alonso Lucio por lo que considera declaraciones ofensivas contra el presidente Gustavo Petro. El detonante fue una entrevista concedida a la revista Cambio en la que Lucio tocó un tema que atravesó todo el proceso de transición: la eventual extradición del mandatario actual.

Según Ávila, estas manifestaciones fueron determinantes para que el Gobierno suspendiera el empalme con el equipo de De la Espriella. "Se han realizado acusaciones ofensivas contra el presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas", cuestionó el funcionario. La denuncia penal se concentra en que Lucio afirmó que el presidente Petro "debería ser judicializado".

En su intervención, Lucio dejó clara su posición: "El presidente (Abelardo) lo ha dicho con claridad, y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro (...) hay otra realidad, y es que Petro ha delinquido, y existen denuncias en las instancias correspondientes de la institucionalidad colombiana", sostuvo. Pero aquí es donde la realidad jurídica se vuelve más complicada de lo que parecen sugerir estas palabras.

Lo cierto es que ningún presidente, por decreto o voluntad política, puede simplemente enviar a otro ciudadano a un país extranjero. Una extradición no funciona así. Según Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el proceso es completamente diferente. "La extradición no es de aquí para allá. La tiene que pedir un tribunal o una corte extranjera que requiera a la persona por una investigación criminal", explicó Arrubla. El procedimiento comienza cuando una corte o tribunal en el exterior formula una solicitud formal, no al revés.

En casos como el de Estados Unidos, el proceso es aún más riguroso. Debe existir primero una acusación formal emitida por un gran jurado o una corte federal. Solo cuando esa investigación ha avanzado lo suficiente puede iniciarse el trámite diplomático entre gobiernos. Como lo expresó el expresidente de la Corte: "No es porque en Colombia alguien quiera extraditar de aquí para allá. 'Les voy a mandar a este señor para que lo investiguen'. Eso es absurdo".

Lucio, quien es pareja de Viviane Morales, designada ministra de Educación en el nuevo Gobierno, abrió una polémica que los especialistas consideran basada en un malentendido sobre cómo funciona el sistema legal internacional. Los requisitos judiciales y diplomáticos que de verdad se necesitarían para que algo así llegara siquiera al escritorio de un presidente simplemente no existen en este momento.