A menos de un mes de que Gustavo Petro entregue la presidencia, su gobierno ha desatado una lluvia de contrataciones millonarias que comprometerían más de 57 billones de pesos para los próximos años. La controversia está servida: mientras la administración saliente argumenta que busca garantizar la continuidad de proyectos estratégicos, el equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella examina con lupa cada decisión, alertado por lo que considera pueden ser irregularidades costosas.

El sector Defensa es donde la situación genera más fricción. Las Fuerzas Militares y la Policía avanzan en procesos contractuales por 13 billones de pesos. El Ejército destinaría 5,8 billones para aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia; la Armada 3,4 billones para embarcaciones fluviales, fragatas y vigilancia costera; la Policía Nacional 2,3 billones para equipos tácticos, y la Fuerza Aeroespacial 1,3 billones para tecnología de control aéreo y el programa de los aviones Gripen. Además está el polémico contrato del Escudo Nacional Antidrones por 6,3 billones, que según reportes presenta posibles sobrecostos, exclusión de oferentes y dudas sobre el proceso de contratación. Lo más preocupante es que algunos de estos procesos podrían estar adjudicados antes del 7 de agosto, lo que dejaría comprometidos recursos estratégicos para los próximos cuatro años.

En Educación, el Ministerio adelanta procesos de infraestructura por más de 13 billones dentro del Plan Nacional de Espacios Educativos, con ejecución hasta 2036. Entre estos sobresale un contrato directo con la Universidad de Antioquia por más de 3,2 billones, sobre el que David Cote, representante electo, expresó dudas sobre la capacidad técnica para su ejecución. El ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió los proyectos afirmando que el Gobierno debe avanzar hasta el último día en la ejecución de la política de infraestructura educativa.

En infraestructura vial, el Gobierno comprometió 15,05 billones para el programa Vías para la Paz con vigencias futuras entre 2026 y 2035. Estos recursos cubrirían 20 intervenciones en regiones como el Pacífico, Catatumbo, La Guajira, La Mojana y otras. Paralelo a esto, se asignaron 3,02 billones para modernizar la red hospitalaria entre 2026 y 2031, permitiendo intervenir 102 sedes hospitalarias y dotar 13 hospitales públicos. En conjunto, estos dos programas comprometen más de 18 billones en infraestructura para los próximos diez años.

Los movimientos también alcanzan nombramientos sensibles. En la Superintendencia de Notariado y Registro se expidieron decretos designando notarios en varias ciudades, entre ellos Sandra Lucía Hincapié Galindo, hija del presidente de Coljuegos Marco Emilio Hincapié cercano al presidente Petro. También se designó a Yeny Paola Garzón Reyes en la Notaría 37 de Bogotá, cercana al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. La Cancillería tampoco se salvó: se nombró a Elvira Sanabria como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado de Nueva Loja, Ecuador, decisión que fue cuestionada por el equipo de transición. El presidente Petro respondió que su administración mantiene todas sus facultades constitucionales hasta el 6 de agosto.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo declaró a La FM que sus mayores preocupaciones están en Defensa y Cancillería. "Decisiones con relación a equipamiento militar. No son decisiones millonarias, sino billonarias, entre 8 y 13 billones de pesos. Detrás de esas grandes compras hay dudas. Son hechas a última hora y son compromisos gigantescos que dejan al gobierno entrante, sobre la base de negociaciones donde existen inquietudes sobre cómo ha sido el proceso". También criticó los "abusos en nombramientos en provisionalidad de varios cargos en la Cancillería. Preocupa porque son funcionarios del Estado, amigos del gobierno (actual), que se nombran así en la carrera, de tal manera que hay 'atornillamiento durante un periodo de tiempo'".

Lo cierto es que todas estas decisiones serán revisadas por el nuevo gobierno, que evaluará su legalidad, conveniencia y sostenibilidad fiscal. Mientras el gobierno Petro sostiene que garantiza continuidad de proyectos estratégicos, De la Espriella ha advertido que examinará cada compromiso adquirido en las últimas semanas debido a su impacto en las finanzas públicas y la planeación del próximo cuatrienio. El empalme que acaba de comenzar promete ser todo menos tranquilo.