El gobierno de Gustavo Petro está impulsando una iniciativa que busca mejorar las condiciones de la población carcelaria en el país. A través del Ministerio del Trabajo, se desarrolló una resolución que tiene como objetivo "garantizar derechos laborales a las personas privadas de la libertad".

La propuesta contempla que quienes realicen actividades productivas dentro de los centros penitenciarios reciban un salario mensual y se les afilie al sistema de seguridad social. Esto significa que los reclusos que trabajen en las cárceles podrían acceder a aportes de pensión y cobertura en salud, entre otros beneficios que caracterizan a la seguridad social en Colombia.

Según la iniciativa, se establece una remuneración base "con el objetivo de dignificar el trabajo penitenciario", reconociendo así el aporte que hacen las personas en reclusión a través de sus labores. Esta medida representa un cambio en la forma en que el Estado ha tratado históricamente el trabajo dentro de las prisiones.

En este momento, la iniciativa está siendo desarrollada de manera coordinada entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia, lo que sugiere que aún está en fase de estructuración antes de su implementación definitiva en los centros penitenciarios del país.