El Ministerio de Salud sacó adelante un decreto que redefine cómo funcionarán las EPS en Colombia bajo lo que llama "mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional". En la práctica, esto significa que según el número de habitantes de cada región, solo podrán operar un número limitado de EPS. Las que tengan menos cobertura quedarán obligadas a traspasar a sus pacientes a empresas más grandes.

El impacto es brutal para Nueva EPS. Esta empresa, que ya enfrenta una profunda crisis y tiene la mayor cantidad de usuarios en el país, recibirá aproximadamente 2,6 millones de pacientes adicionales provenientes de entidades como Sura y Sanitas. El decreto establece diferentes umbrales según el tamaño poblacional: en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo pueden operar EPS con al menos el 5% de los afiliados. En regiones de 390.001 a dos millones, el mínimo es 10%, y en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, sube a 15%. Las EPS con menos de un millón de afiliados que no alcancen el 3% de participación en algún departamento quedarán fuera de esos municipios.

El traslado no será voluntario. El Ministerio de Salud y la Adres redistribuirán a los afiliados en pocos días mediante una "asignación especial". Las EPS receptoras no podrán negarse, aunque los usuarios vengan de otro régimen. Eso sí, quien quiera cambiarse de EPS deberá esperar mínimo 60 días en su nueva asignación antes de poder ejercer el derecho a la libre escogencia, con excepciones para reunificación familiar e indígenas.

La respuesta política fue inmediata. El representante Andrés Forero del Centro Democrático anunció que pedirá al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo, acusándolo de reproducir un decreto que ya había sido suspendido. Forero calificó la decisión como "inaceptable" porque "pretende trasladar forzosamente cerca de 2,6 millones de personas en EPS distintas que están funcionando mejor como Sura o Sanitas a Nueva EPS que se está cayendo a pedazos".

El presidente Gustavo Petro salió a defender la medida. Argumentó que "es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación". Señaló que la dispersión genera gastos innecesarios como "viajes en avión de pacientes con acompañantes innecesarios" y que tener afiliados territorializados permitiría que las EPS construyan mejor sus sistemas de prevención y atención primaria.

Sin embargo, Alejandro Gaviria, exministro de Salud con Santos que renunció recientemente al ministerio de Educación de Petro, respondió sin filtros: "Trasladan a los pacientes a una EPS en caos, que no ha presentado estados financieros, sin confianza de los otros agentes y con crecientes problemas de entrega de medicamentos. Los pacientes no importan. Una decisión humana y sin justificación", escribió en redes sociales.

El debate pone en el centro una tensión difícil de resolver: la lógica administrativa versus la realidad de pacientes que necesitan atención inmediata en una empresa que ya está al borde del colapso.