El Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de expedir un decreto que ordena trasladar aproximadamente 25 billones de pesos a Colpensiones. Se trata del dinero que dejaron en los fondos privados las personas que aprovecharon la "oportunidad de traslado", ese mecanismo de la reforma pensional que permite cambiar de sistema incluso cuando está cerca la jubilación.

La lógica detrás de la decisión es práctica: si alguien ya se pasó a Colpensiones, su plata no debería seguir en manos de los fondos privados. Según el Gobierno, más de 119.000 personas han hecho ese cambio hasta febrero de este año, y de ellas, cerca de 22.000 ya reciben pensión. El problema que el Ejecutivo quiere resolver es que Colpensiones está pagando las pensiones de estos afiliados, pero sus ahorros siguen en las administradoras privadas. Con este decreto busca que esa plata llegue a la entidad pública para cubrir esos pagos.

Los plazos son apretados. Para quienes todavía no se han pensionado, los fondos privados deben girar el 50% del dinero en máximo 20 días y el otro 50% en los 10 días siguientes. Para quienes ya están pensionados, el traslado debe hacerse en 15 días. El Gobierno argumenta que sin esta medida el sistema pensional no será sostenible. Solo en 2024, Colpensiones pagó más de 55 billones de pesos en pensiones, una parte importante de las cuales corresponde a personas provenientes del sistema privado.

Pero la medida ha generado resistencia desde varios frentes. Los fondos privados, agrupados en Asofondos, han advertido que trasladar estos recursos, muchos invertidos en deuda pública, no es sencillo y podría traer efectos financieros adversos. Más importante aún, expertos legales como el abogado Kevin Hartmann han cuestionado si el Gobierno tiene facultad de hacer esto mediante decreto. El argumento es que la reforma pensional estableció las reglas de esa "oportunidad de traslado" y una norma inferior no podría cambiarlas sin autorización de la ley.

Hay otro detalle que complica las cosas: la reforma pensional contemplaba crear un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República para estos recursos, pero esa parte de la ley está suspendida. Esto ha dejado un vacío sobre qué hacer con el dinero en este momento.

Pese a las críticas, el Gobierno mantiene su posición. Considera que es necesario alinear el flujo de recursos con las obligaciones de pago para garantizar la viabilidad del sistema. Sin embargo, el debate jurídico sigue vivo y muy bien podría terminar en los tribunales.