Una orden del Gobierno Nacional ha encendido alertas en el sector financiero. Mediante un nuevo decreto, el Gobierno obligó a las Administradoras de Fondos de Pensiones a transferir alrededor de $25 billones de los ahorros de los afiliados hacia el sistema público que maneja Colpensiones. La medida afecta a más de 119 mil personas que en algún momento decidieron cambiar del régimen privado al público, incluyendo a más de 22 mil que ya están recibiendo pensión.

Los tiempos son ajustados. Según lo que establece la normativa, quienes aún no se han pensionado tendrán un máximo de 20 días para que las AFP transfieran el 50 por ciento del dinero, seguido de 10 días más para completar el resto. Para los que ya reciben pensión bajo el sistema público, el plazo no puede exceder 15 días desde que el decreto entre en vigencia. En ese traslado va toda la plata acumulada: dinero en efectivo, títulos de deuda y otros activos financieros reconocidos.

Pero la medida ya levanta polvareda en el sector privado. Asofondos, que representa a las administradoras de fondos, ha puesto el grito en el cielo. Según ellos, existe un problema legal importante: cerca de $20 billones de esos $25 billones no tendrían sustento jurídico para ser trasladados. "No habría base legal para trasladar cerca de $20 billones, ya que esos recursos deben mantenerse como ahorro pensional mientras no exista el fondo correspondiente", sostuvo Andrés Velasco, presidente de Asofondos. El argumento es que esa plata debe permanecer en las cuentas individuales hasta que los afiliados reúnan los requisitos para pensionarse, no antes.

El Gobierno, por su parte, defiende la orden como una medida necesaria para garantizar que el régimen público funcione adecuadamente. Sin embargo, tanto desde el sector privado como de algunos expertos en la materia se ha insistido en que hace falta mayor claridad jurídica y que se establezcan reglas más estables que protejan realmente los ahorros que los trabajadores han acumulado con tanto esfuerzo durante años.