El Gobierno tomó una decisión que afecta directamente el dinero que millones de colombianos tienen guardado en sus fondos de pensiones. A través del Decreto 0369 de 2026, estableció que las Administradoras de Fondos de Pensiones, conocidas como AFP, no podrán invertir más del 30% de sus recursos en el extranjero. Hoy tienen aproximadamente 250 billones de pesos metidos fuera del país, casi la mitad de los cerca de 500 billones que administran en total.

La transición no será inmediata. El Gobierno dio un plazo de cinco años para que las AFP hagan este cambio: en los primeros tres años deben reducir a 35% lo que tienen afuera, y luego en dos años más llegar al límite de 30%. Además, todo el dinero nuevo que entre por cotizaciones de los trabajadores debe invertirse dentro de Colombia desde ahora.

El razonamiento del Gobierno es simple en apariencia: Colombia necesita inversión interna. Mientras el país invierte apenas el 20% de su producto interno bruto, el ahorro nacional llega solo a 8%. Esa brecha es lo que el Ejecutivo quiere cerrar. La idea es que el dinero de las pensiones vaya hacia infraestructura y proyectos productivos locales que generen empleo y crecimiento económico.

Pero aquí es donde la cosa se complica para el trabajador promedio. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la asociación que agrupa a las AFP, hizo un cálculo revelador: un millón de pesos invertido en 2011 con posibilidad de diversificar en el exterior hoy valdría cerca de 3,23 millones de pesos, con un retorno de 8,5% anual. Si ese mismo dinero solo se hubiera invertido en Colombia, hoy sería de aproximadamente 1,67 millones, con un retorno de 3,8% y el doble de riesgo. En otras palabras, la diversificación internacional ha hecho que el ahorro crezca más del doble.

Velasco advierte sobre tres problemas prácticos que afectarían directamente los bolsillos de los afiliados. Primero, las AFP tendrían que vender activos rentables afuera de manera apresurada, perdiendo dinero en esa transacción. Segundo, al entrar tanto dinero en pesos, se generaría una presión sobre la moneda que podría revaluarla, lo que significa recibir menos pesos por cada dólar. Y tercero, no hay suficientes opciones de inversión atractivas en Colombia. El año pasado hubo 11 billones de pesos aprobados para invertir que nunca fueron utilizados porque no había proyectos con buena relación riesgo-rentabilidad. "Los principales afectados no serían las administradoras de fondos, sino los afiliados. Aquí quienes pierden son los trabajadores colombianos y su ahorro pensional", enfatizó Velasco.

El Gobierno ya está preparando el terreno. El Ministerio de Hacienda creará un banco de proyectos para identificar inversiones posibles en infraestructura y sectores privados. Las AFP que no alcancen el límite de 30% en inversión local tendrán que justificar ante la Superfinanciera por qué no encontraron oportunidades suficientes en el país.

Lo que comenzó como una propuesta de traer hasta 200 billones de pesos en diciembre pasado ahora es una realidad regulatoria que afectará la rentabilidad de los ahorros de jubilación durante años. La pregunta que queda en el aire es si ese cambio ayudará a la economía local sin sacrificar los ahorros que millones de trabajadores necesitarán cuando se retiren.