Después de cumplirse el plazo que fijó la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 0626 ordenando la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta cartera, que había sido presentada como una de las principales iniciativas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez cuando se creó en 2023, entra ahora en un proceso de cierre administrativo que tendrá una duración inicial de un año, tiempo que podría extenderse si el Ejecutivo lo considera necesario.

La orden de liquidación responde directamente a una decisión de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-161 de 2024, el alto tribunal declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que había creado el ministerio. El problema fue de forma: durante el proceso legislativo no se realizó el análisis de impacto fiscal que exige la ley cuando se crea una nueva entidad pública. Aunque la Corte intentó dar tiempo para corregir el error permitiendo que funcionara hasta el 20 de junio de 2026, el Congreso no logró aprobar una nueva ley que subsanara los vicios encontrados. Eso dejó sin opciones al Gobierno.

Desde ahora, el ministerio no podrá emprender nuevas actividades. Solo mantendrá las funciones estrictamente necesarias para cerrar operaciones de manera ordenada. Un liquidador designado por el presidente de la República estará al frente de este proceso.

El cierre ha generado malestar entre los trabajadores de la entidad. Funcionarios realizaron un plantón frente al Departamento Administrativo de la Presidencia para exigir respuestas sobre qué pasará con sus empleos. Según reportes conocidos, más de 600 personas podrían resultar afectadas por esta decisión, lo que representa un impacto laboral significativo que ha dejado a los empleados en la incertidumbre.

Ahora el Gobierno enfrenta el reto de redistribuir las funciones del ministerio entre otras entidades estatales. El objetivo es que no se interrumpan los programas dirigidos a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos, personas con discapacidad y otros sectores que históricamente han sido marginados. La tarea será compleja, considerando que se trata de traspasar responsabilidades a instituciones que ya están funcionando con sus propias cargas de trabajo.