El Gobierno Nacional sacó un as de la manga para frenar la corrupción electoral: ofrecerá recompensas de hasta cincuenta millones de pesos a quienes delaten delitos electorales en los próximos comicios. La estrategia fue decidida en un Consejo de Seguridad y Paz, según anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este miércoles.

"El Gobierno Nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales", indicó Sánchez en redes sociales. La iniciativa no se limita solo a la compra de sufragios. También busca perseguir el constreñimiento al votante, que es cuando alguien amenaza o intimida a la gente para que vote de cierta forma, la suplantación de identidades, el fraude electoral, el voto ilegal y otros actos de corrupción que proliferan en varios territorios colombianos.

Quien quiera reportar irregularidades puede comunicarse a la Línea 157 Anticorrupción o enviar un correo a dijin.arian-157@policia.gov.co. Según la Policía, esta línea ha recibido alrededor de treinta mil llamadas en el último año, y de esas, ciento cuarenta y tres denuncias han permitido que casos lleguen a la justicia.

El ministro fue directo con su mensaje: "El silencio es cómplice de la corrupción. No nos quedemos callados; defendamos la democracia y protejamos lo que nos pertenece". Y es que la necesidad de esta medida es evidente. Un informe reciente de la Misión de Observación Electoral reveló que ciento tres de los ciento sesenta y ocho municipios que tienen curules de paz están en riesgo por una mezcla peligrosa de violencia y posible fraude. Eso representa el sesenta y uno por ciento de estos territorios.

Las zonas más preocupantes quedan en el Cauca, el sur de Meta y el Bajo Cauca antioqueño, según explicó Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Estos municipios supuestamente deberían tener una protección reforzada por ley, justamente por la cantidad de víctimas que tienen y su vulnerabilidad a la manipulación electoral.