Un documento oficial de la Presidencia contradice las advertencias públicas que el presidente Petro ha estado haciendo sobre fraude electoral. Se trata de una respuesta formal que el Gobierno presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2025, dentro de un proceso judicial donde se le pidió que probara sus denuncias. Pero según el escrito, firmado por Milton Alexander Dionisio Aguirre, asesor jurídico de Presidencia, el mandatario simplemente no presentó las pruebas solicitadas.

El documento revela una tensión incómoda: mientras Petro alerta a los colombianos en público sobre supuestos riesgos de fraude, ante los jueces su propia administración argumenta que esas afirmaciones son apenas opiniones personales, no información verificada. El escrito deja claro que las advertencias sobre software electoral, kits de votación, contratos y empresas proveedoras no estarían respaldadas por auditorías, peritajes ni investigaciones oficiales. Cuando le pidieron que mostrara esos respaldos, simplemente no aparecieron.

La jurisprudencia que cita la Presidencia en su defensa establece una diferencia importante: cuando un presidente habla como opinador, no está obligado a demostrar lo que dice; pero cuando habla como autoridad, sí debe respaldar sus afirmaciones con hechos. La pregunta que queda sin responder es cuándo Petro está en un rol y cuándo en el otro, y cómo podrían los colombianos saber la diferencia.

Detrás de este proceso judicial están abogados especializados en litigio estratégico, con apoyo de la Fundación Diplo. Durante este último año, este equipo ha promovido diferentes acciones judiciales enfocadas en transparencia e institucionalidad, con el objetivo de trasladar ante los jueces las afirmaciones que el presidente hace en público y obligar a que se prueben. En este caso, la estrategia funcionó: la Presidencia compareció, pero no trajo las pruebas que respaldaran sus advertencias de fraude.

Mientras tanto, Petro continúa cuestionando a instituciones clave del sistema electoral. Ha apuntado contra la Registraduría, la Misión de Observación Electoral, la Procuraduría y la Contraloría. Sobre los riesgos de fraude dijo: "ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude, sino de desestimularlo".

También ha dirigido críticas personales a Alejandra Barrios, directora de la MOE, diciendo: "Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo". Y ha desafiado a los entes de control afirmando: "No, señores de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría: es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral; es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia".

Las contradicciones entre lo que el Gobierno argumenta en los juzgados y lo que dice el presidente en público plantean una pregunta central para la democracia colombiana: ¿cómo puede el país confiar en instituciones electorales si quien las cuestiona no tiene pruebas para respaldar sus denuncias?