Después de que se levantaran dudas sobre una posible prohibición total de celulares y redes sociales para menores de edad, el Gobierno Nacional salió a aclarar las cosas: eso no va a pasar. El nuevo proyecto de decreto simplemente no tiene las herramientas legales para ordenar un bloqueo de esa magnitud. En cambio, lo que viene es una regulación más fuerte, con monitoreo preventivo y corresponsabilidad entre el Estado, las grandes tecnológicas y las familias colombianas.

El corazón de esta nueva estrategia son las obligaciones que tendrán que cumplir plataformas como Meta (dueña de Facebook e Instagram) y TikTok. Estas empresas deberán entregar informes detallados cada año sobre cómo usan sus servicios los menores de edad: qué contenidos consumen, cómo se comportan, cuánto tiempo dedican. Toda esa información servirá para entender mejor qué riesgos enfrenta la juventud colombiana en internet.

Para analizar y actuar sobre esa información, el Gobierno creó el Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, un organismo establecido bajo la Ley 2489 de 2025. Este comité será el encargado de coordinar a las diferentes entidades del Estado y estudiar los reportes de las redes sociales para tomar decisiones de política pública informadas.

Los números pintan un panorama que justifica la urgencia. Según el Ministerio TIC, el 70% de los jóvenes en el país accede a contenidos por internet, con YouTube y TikTok como sus plataformas favoritas. Ese acceso masivo y sin filtros los expone a peligros reales: grooming (acoso y engaño de adultos), ciberacoso, contenidos inapropiados y daños en su desarrollo cognitivo y emocional.

Pero el decreto también reconoce algo que muchos olvidan: no todo se resuelve con leyes. El verdadero desafío es cultural. Como muchos menores saben cómo eludir los controles parentales, la norma apuesta por educación integral: programas de sensibilización en las escuelas, capacitación constante a docentes para identificar riesgos digitales, y promoción de hábitos saludables en los hogares.

Al final, lo que busca el Gobierno es que proteger a los niños y adolescentes en internet deje de ser responsabilidad de una sola parte y se convierta en un esfuerzo coordinado entre Estado, empresas y familias. Un trabajo conjunto para navegar con seguridad en la era hiperconectada.