Con apenas días para que Colombia vaya a las urnas, la primera vuelta presidencial del 31 de mayo se tiñe de preocupaciones sobre la limpieza del proceso. En la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizada en Manizales este miércoles, el ministro del Interior Armando Benedetti se vio en la necesidad de salir al paso de las críticas. El funcionario fue categórico al afirmar que el Ejecutivo "no está haciendo campaña" y descartó que desde el Gobierno se estén usando recursos públicos o presionando a servidores estatales para beneficiar a algún candidato presidencial.

Pero las palabras del ministro llegaron justo cuando otra controversia sacudía el proceso. La Procuraduría suspendió temporalmente a Vilma Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, tras respaldar públicamente al candidato Iván Cepeda. El caso no es aislado. Desde hace semanas, candidatos y sectores políticos vienen cuestionando la transparencia y neutralidad de estas elecciones.

En redes sociales y durante debates, la candidata Claudia López ha denunciado lo que describe como un patrón de presiones. "Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública", escribió en X. Durante un debate presidencial de EL COLOMBIANO, fue más directa: "están presionando en los territorios para votar por Cepeda". Paloma Valencia, por su parte, reportó denuncias de ciudadanos del Valle del Cauca que aseguran que les han dicho: "El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa". Incluso un diputado del Centro Democrático afirmó que grupos armados están impidiendo que se haga campaña por Valencia.

La Misión de Observación Electoral dibuja un panorama aún más preocupante. El organismo reportó un aumento en municipios con riesgo extremo y alertó sobre violencia, presión de grupos armados, desinformación y ataques digitales. Con particular énfasis, la MOE expresó su inquietud por discursos que buscan socavar anticipadamente la confianza en los resultados, algo que podría debilitar la legitimidad democrática. Alejandra Barrios, directora de la misión, señaló en entrevista con Semana que "en municipios y departamentos está la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos".

El Gobierno respondió con números. Desde marzo, el Ministerio del Interior reporta haber asignado más de 460 policías, más de 260 miembros de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados para reforzar la seguridad. También contabiliza cerca de 450 actividades de acompañamiento en distintas regiones con más de 11.400 miembros de la Fuerza Pública. Aun así, los números de alarma siguen creciendo: la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral reporta 60 casos bajo investigación por presunta corrupción electoral, constreñimiento al votante e intervención en política. El Gobierno anunció que reforzará su presencia en territorios de mayor riesgo y convocará nuevas reuniones para evaluar acciones de seguridad adicionales.