Después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto original de diciembre con una medida cautelar, el Gobierno no se echó para atrás. Acatando la orden del magistrado Juan Camilo Morales, expidió un nuevo decreto transitorio que mantiene exactamente lo mismo: incremento del 23,7% al salario mínimo, llegando a 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que se trata de una medida provisional mientras se resuelve la controversia jurídica. La corte no anuló el decreto anterior, sino que pidió que el Gobierno emitiera un nuevo acto mientras se tramita el recurso de súplica.

Aquí viene lo interesante. Sanguino rechaza que el salario mínimo sea "una operación aritmética" donde simplemente se sumen variables económicas. Aunque la Ley 278 de 1996 establece parámetros claros como inflación, productividad y crecimiento del PIB, el ministro insiste en que existe un vacío entre esos criterios legales y lo que dice la Constitución en su artículo 53: garantizar un salario "mínimo, vital y móvil". Para él, ese mandato constitucional debe tener prioridad. En la entrevista, Sanguino cuestionó fuerte a los magistrados, diciendo que han querido reducir la fijación del mínimo a indicadores "inodoras, incoloras e insípidas", ignorando que el salario mínimo es "un instrumento de política económica y social".

El Ministerio fue más allá en la justificación técnica del nuevo decreto. Incorporó datos, series de tiempo y referencias a estudios de la Organización Internacional del Trabajo y entidades como JP Morgan. Según Sanguino, cuando analizaron la productividad laboral desde 1996, encontraron una brecha acumulada: el salario mínimo ha crecido menos que el aporte del trabajo al PIB. El Gobierno también evaluó la inflación causada, la inflación esperada y su impacto en el poder adquisitivo, concluyendo que el aumento de 23,7% no ha generado presiones inflacionarias "devastadoras".

Pero aquí está la tensión del asunto. El propio decreto reconoce en una de sus tablas que si se aplican solo los cinco parámetros de la Ley 278, el incremento alcanzaría apenas 13,6%. Sin embargo, la decisión política lo elevó a 23,7%. Sanguino admitió que esos parámetros legales son "restrictivos" y por sí solos no alcanzan para cumplir con el estándar de salario mínimo vital y móvil que exige la Constitución y los convenios de la OIT que Colombia ha ratificado. En pocas palabras, el Gobierno decidió que la Constitución y las normas internacionales pesan más que la fórmula matemática de la ley.