Después de que un tribunal suspendiera provisionalmente el decreto que aumentaba el salario mínimo un 23,7% para 2026, el Gobierno se sentó el lunes 16 de febrero con empresarios y sindicatos para buscar una salida. Lo que sucedió en esa mesa de negociación reveló algo inesperado: hay acuerdo de base para mantener el aumento, aunque con matices importantes.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió de la reunión con noticias optimistas. Según él, la mayoría de empresarios consideran que "sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%", y los sindicatos también dijeron presente para defenderlo. El Gobierno argumenta que mantener esta cifra es fundamental para garantizar lo que llama un "salario vital y móvil", concepto que aparece en la Constitución. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que el aumento ya es "un derecho adquirido por los trabajadores" y lo presentó como parte de un gran pacto por mayor equidad social.

Pero la posición de los empresarios tiene una complejidad que vale entender. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (la asociación más grande de industriales), reconoce que el aumento de 23,7% generó "costos económicos significativos" para las empresas. Sin embargo, advierte que "desmontar el aumento sería delicado" porque aproximadamente 2,4 millones de trabajadores ya incorporaron estos ingresos en su vida diaria, en sus gastos y en sus planes. Volver atrás, dice, sería altamente complicado. Es decir, aunque duele el bolsillo empresarial, Mac Master considera que el daño de revertir la medida sería peor.

No hay consenso total, sin embargo. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (que representa comerciantes), manifestó su preocupación de manera más directa. Advierte que si el Gobierno expide un nuevo decreto manteniendo el 23,7%, debe cumplir estrictamente lo que el Consejo de Estado ordenó: basarse exclusivamente en datos oficiales de inflación y productividad, sin cambiar números ni volver a argumentar lo mismo que hizo antes. Fenalco calcula que un aumento sin estos ajustes técnicos podría poner en riesgo 700.000 empleos formales y presionaría a más de un millón de pequeñas y medianas empresas.

El nudo gordiano está aquí: el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno que presente un nuevo decreto pero usando cifras que demuestren técnicamente que 23,7% es correcto según la inflación y productividad del país. El Gobierno tiene ocho días para hacerlo y ha prometido que lo hará. Mientras tanto, convoca a la ciudadanía a movilizarse el 19 de febrero para respaldar el aumento. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es si los números oficiales de economía le permitirán justificar ese 23,7% o si terminará presionado a bajar la cifra. Esa es la verdadera batalla que viene, más allá de las declaraciones de intención que se escucharon en la mesa de concertación.