La Nueva EPS vuelve a estar bajo el control directo del Estado. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el 10 de abril de 2026 una nueva intervención forzosa sobre la entidad aseguradora, una medida que se mantendrá durante un año mientras se define si la empresa puede salvarse o si debe cerrarse. La decisión llega porque, según el organismo de control, la EPS "continúa incumpliendo las causales" que justificaron la primera intervención iniciada hace dos años, el 3 de abril de 2024.

El Estado asume nuevamente la administración de la empresa con el objetivo de corregir sus fallas estructurales. Para esto, el presidente Petro designó al médico y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor. En sus primeras declaraciones, Ospina explicó que antes de recibir más usuarios "nosotros tenemos que darnos a la tarea de capitalizar, de hacer todo el recorrido apropiado para que los estados contables sean justos, adecuados y reflejen la realidad financiera de la empresa".

El panorama que enfrenta Ospina es complejo. Los informes técnicos de la Superintendencia documentan problemas graves que afectan directamente a los afiliados. "Persisten fallas que afectan la atención del afiliado durante la prórroga de la intervención, especialmente en aspectos como la entrega de medicamentos, el acceso a especialistas y la continuidad de tratamientos", señala el documento oficial. Además, las solicitudes de reclamos crecen 14,25% anualmente, lo que evidencia que los problemas no solo persisten sino que se agravan.

En lo financiero, la situación es igual de preocupante. La Superintendencia advierte que hay dificultades para procesar información que permita conocer con certeza cuál es el verdadero pasivo de la empresa y si sus estados financieros son confiables. Esto genera "riesgos en la aplicación adecuada de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud", algo que no solo perjudica a la Nueva EPS sino a toda la red de hospitales y clínicas que trabajan con ella.

Ospina tendrá que trabajar rápido. La Superintendencia le ordenó presentar un plan de trabajo dentro de treinta días que será evaluado y aprobado por el organismo de control. Además, deberá enviar informes mensuales detallados con análisis financiero, jurídico, técnico y administrativo. Todo esto mientras la entidad continúa atendiendo a sus afiliados y buscando recuperarse.

La intervención deja abierta una puerta inquietante: si los esfuerzos no logran mejorar la situación, la Superintendencia está evaluando "si la entidad debe ser objeto de liquidación". Es decir, el cierre definitivo sigue siendo una posibilidad real si la Nueva EPS no logra ponerse en orden durante estos próximos doce meses.