El Gobierno acaba de dar un paso que podría cambiar la forma en que se desarrollan los proyectos de energía en La Guajira. Desde el departamento anunció la expedición de una resolución que institucionaliza un modelo de gobernanza tripartito, es decir, una forma de trabajo permanente donde tres actores clave se sientan a la misma mesa: las comunidades, las empresas energéticas y el Estado.

La medida fue presentada por el Ministerio de Minas y Energía con la presencia del presidente Gustavo Petro y busca resolver un problema que ha frenado durante años los proyectos de energías renovables en la región. El conflicto venía de que las comunidades quedaban fuera de las decisiones importantes sobre qué tipo de energía se desarrollaría en sus territorios. "Antes dialogaban únicamente los gobiernos y las empresas, de espaldas a las comunidades. Nosotros hemos puesto a las comunidades en el centro de la transición energética", explicó el ministro Edwin Palma durante el encuentro.

Lo interesante de esta apuesta es que no se trata solo de hacer consultas previas, ese trámite legal que ya existe. Se trata de dar un giro más profundo. El ministro fue claro en esto: "Los procesos de consulta previa tienen que evolucionar hacia un modelo donde las comunidades sean socias de los proyectos de generación y transmisión". En otras palabras, pasar de preguntar a las comunidades qué piensan, a hacerlas parte real del negocio.

Los resultados ya se ven en el terreno. Con este nuevo esquema el Gobierno logró reactivar proyectos que estaban estancados, como el parque eólico Alfa y Beta, y avanzar en acuerdos comunitarios para iniciativas clave como Windpeshi y la línea Colectora. El ministro Palma subraya que el objetivo es que esta resolución se convierta en una herramienta principal para consolidar la transición energética en La Guajira, un departamento que tiene todo el potencial: podría generar hasta 130 gigavatios de energía eólica y solar.

Aunque la noticia viene del sector energético, el asunto toca fibras más profundas. Durante décadas, las decisiones sobre recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes se tomaban sin incluir realmente a quienes vivían ahí. Esta resolución busca romper con eso. El Gobierno insiste en que el cambio que está impulsando es "irreversible", lo que suena como una promesa de que no hay vuelta atrás en esta forma de trabajar con las comunidades.