Tierralta, Córdoba, será escenario de un nuevo intento por frenar la violencia en el país. El 25 de junio arranca la instalación de la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde el Gobierno recibirá a criminales del Clan del Golfo. La cifra es significativa: entre 400 y 500 combatientes del grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia llegarán a este municipio que ya vivió un proceso similar hace más de veinte años, cuando las AUC se desmovilizaron en Santa Fe de Ralito.

La ironia de la historia pesa: muchas de esas estructuras que se desmovilizaron hace dos décadas terminaron reorganizándose y formando precisamente el Clan del Golfo que hoy negocia con el Ejecutivo. El grupo ilegal tiene aproximadamente 10.000 combatientes distribuidos en 23 departamentos del país, así que estos primeros 500 que lleguen a Tierralta serán una prueba de lo que podría venir después.

Paralelamente, el Gobierno trabaja en otro proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia comandada por alias "Walter Mendoza". En este caso, la primera zona temporal funcionará en el Valle del Guamuez, Putumayo, con unos 100 combatientes inicialmente. Álvaro Jiménez Millán, coordinador de las conversaciones con el Clan del Golfo, aseguró en diálogo con Semana que se ultiman los detalles logísticos, operativos y administrativos para que no haya retrasos.

Las autoridades subrayan que esta vez será distinto. Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, explicó que quienes ingresen a estas zonas dejarán las armas y los uniformes en la puerta. "Cuando ingresan a la zona, ya dejan de pertenecer al grupo", afirmó. También rechazó comparaciones con las controvertidas zonas de despeje del pasado. "No es un salto al vacío y todo está regulado", dijo. La seguridad correrá por cuenta de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Sin embargo, hay voces críticas. Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad de la Universidad del Rosario, cuestionó que se instalen estos caseríos justo en época electoral, un momento en que la Fuerza Pública debe concentrarse en vigilar los comicios. Además, señaló que la Fiscalía General no autorizó suspender órdenes de captura contra el Clan del Golfo, lo que indica que "no hay un cumplimiento mínimo de los presupuestos de paz".

En Putumayo, más de 400 habitantes participaron en jornadas de socialización donde se explicaron los protocolos de seguridad y monitoreo. El modelo incluye proyectos productivos y programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para las comunidades. Novoa insistió en que el objetivo es "concertar intereses, llegar a conclusiones que beneficien a las comunidades y presentarle al país un modelo para superar las violencias en el territorio".